Una carretera para las transnacionales, Un gobierno sometido a las transnacionales ¡Vive la marcha indígena en defensa del TIPNIS!

Una carretera para las transnacionales

Un gobierno sometido a las transnacionales

¡Viva la marcha indígena en defensa del TIPNIS!

La marcha indígena en defensa del TIPNIS sigue avanzando y logrando adhesión popular. El gobierno y personalmente el presidente Evo Morales intenta desprestigiarla con argumentes calumniosos y otros destinados a engañar y confundir al pueblo. Ha dicho que los dirigentes de la CIDOB y CONAMAQ recibieron llamadas de la embajada norteamericana. Y también afirmó, dicho por boca de su funcionario Juan Ramón Quintana, que los dirigentes indígenas reciben fondos de USAID.

Estas denuncias, que el gobierno no probó, no invalidan en absoluta las razones de una marcha emprendida por 1.500 indígenas y que tiene la simpatía de la mayoría del país.

Es el gobierno de Evo Morales y sus funcionarios como especialmente Juan Ramón Quintana lo que sí han mantenido y mantienen florecientes relaciones con las transnacionales imperialistas e incluso con USAID que financia proyectos oficiales. Y que, además la propia carretera se está haciendo en función de intereses de esas mismas transnacionales.

Carretera: IIRSA aprobado en el 2000 por Banzer

La carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos no se le ocurrió a Evo Morales, forma parte del IIRSA (Iniciativa por la Integración Regional de Sudamérica), que fue firmado el 1 de septiembre del 2000 por los presidentes neoliberales de entonces Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Fernando De la Rúa (Argentina); Hugo Bánzer Suárez (Bolivia), Alberto Fujimori (Perú); Ricardo Lagos (Chile)… y también por el BID (Banco Interamericano desarollo) en representación directa del imperialismo. El IIRSA formó parte de un programa más ambicioso encabezado por el imperialismo yanqui que fue el ALCA (Asociación Libre comercio de América). El ALCA, que establecía libre entrada de transnacionales y libre comercio sin impuestos, fracasó por el repudio de los pueblos y la caída de los gobiernos neoliberales de entonces. Pero quedó el IIRSA, que está en vigencia, estableciendo el proyecto de un sistema de carreteras para unir el Atlántico con el Pacífico, represas y extracción de minerales, hidrocarburos del la Amazonía, con impuestos mínimos o sin impuestos para las mercancías en circulación. Todo en función de intereses de las transnacionales y no del desarrollo de los pueblos. 

En el parque TIPNIS, adonde el gobierno quiere hacer la carretera, se metió la transnacional Repsol ya en 1994 (bolpress.com) a hacer exploración y descubrió hidrocarburos. Hoy le pasó esta concesión a YPFB. Pero es sabido que YPFB es un cascarón burocrático que no explora ni produce. Sólo es un disfraz para que actúen las transnacionales.

Entonces la carretera por el TIPNIS es por el interés de las petroleras para saquear el parque, del transporte entre Brasil y Chile y de la propia empresa transnacional brasileña OAS que cobrará 415 millones de dólares, con un sobreprecio que la sociedad de ingenieros calculó en 200 millones de dólares. También un informe del viceministerio de Inversión Pública 9 de septiembre del 2008 afirma que hay un sobreprecio en el presupuesto presentado por la empresa brasileña OAS.

Banco BNDES, pero a tasa internacional (LIBOR) más el 1%. Estos 415 millones, con sobreprecio e intereses incluidos, tendremos que devolverlos todos los bolivianos.

Estudios ambientales indican que la carretera atravesando el TIPNIS producirá una destrucción ambiental del 64% del bosque. Esto tendrá graves efectos ambientales sobre Cochabamba y otras partes de Bolivia. La destrucción de una selva húmeda provocaría sequías graves, menos agua en zonas adonde ya hay mucha sequía. Es decir perjudicaría al pueblo boliviano y no sólo a los actuales habientes del Parque y Territorio Indígena TIPNIS.

Por todo eso apoyamos y llamamos a apoyar a los marchistas. Ante negociaciones entre el gobierno y la CIDOB, reafirmamos que son los marchistas y en especial los indígenas del TIPNIS los principales protagonistas de esta lucha y que a ellos debemos apoyar hasta el final por la defensa del TIPNIS que es de todos los bolivianos.  

La Protesta                                                                                                clic aquí para ver edición La Protesta 16 y declaracion de apoyo a marcha de Tipnis y a la huelga de la FEJUVE de El Alto

USAID, siempre el mismo pretexto

Hace años que el gobierno del MAS dice que va a expulsar a USAID (Agencia Americana de Desarrollo) y que intenta deslegitimar a cualquier protesta popular acusándola de “estar financiado por USAID”. Pero nunca echa a USAID. Y, lo que es peor, “hace buenos negocios con el gobierno; solo un ejemplo actual. Un proyecto de USAID es el "Proyecto Integrado de Seguridad Alimentaria" (http://www.ifsproject.org/); en ese marco, el año 2010 nueve municipios, todos bajo dominio del MAS, suscribieron convenios marco de cooperación interinstitucional con el proyecto. Porque no se investiga este proyecto? Uno de los municipios involucrados es Toro Toro, como se sabe zona de un parque nacional, se los expulsará?” (Carlos Crespo). Quintana pidió públicamente la expulsión de USAID. Pero al día siguiente lo desmintió el ministro Carlos Romero y dijo que sólo era “una especulación” y que Bolivia está “normalizando” las relaciones con Estados Unidos. Sigue la farsa…

Quintana, agente de Soros y transnacionales

Juan Ramón Quintana fue militar becado a la Escuela de las Américas en 1988, lugar de adiestramiento militar yanqui donde la “doctrina de seguridad del Estado” sirvió de escuela a ex dictadores como Hugo Banzer y Luís García Meza. Seguramente resultó buen alumno de esa escuela de genocidas, pues fue nombrado asesor del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez (en el periodo 1999 - 2002).

Según el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada (artículo “La ecuación minera”, septiembre 2007 en Bolpress), Quintana estuvo relacionado con el magnate George Soros, quien estuvo a su vez asociado en minería con el Goni. Soliz Rada denunció que Quintana recibió financiamiento, antes de integrar el gabinete, de la Open Society (de Soros) para su Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), organización dependiente de Soros.

Soros estuvo involucrado en negocios con la minera San Cristóbal, que hoy es de propiedad mayoritaria de la japonesa Sumitomo y que recibió un trato preferencial del Estado boliviano bajo Evo Morales, al punto extremo que el ministro de miner José Pimentel dijo que exportaba por 1000 millones de dólares y que sólo pagaba 30 millones de impuestos.

Quintana fue también acusado en marzo de 2008 por el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún ( Empresa Siderúrgica del Estado Boliviano), Walter Chávez, quien involucra a Quintana con la Empresa Siderúrgica Jindal, de la India acusándolo de abuso de poder y traición a la Patria al querer obligarlo a cambiar el contrato internacional entre la Jindal y el Gobierno Boliviano para satisfacer intereses extranjeros. Quintana expulsa de su cargo a Walter Chávez el 1 de abril del 2008. Al día siguiente renuncia el Vocero Oficial, Alex Contreras, hombre de confianza del Presidente Evo Morales quien denuncia "oscuras intensiones en el Ministerio de la Presidencia".

En Cochabamba crece la campaña en defensa del TIPNIS.

 “No pasará, la codicia no pasará”

TIPNIS: Ante el encuentro con una comisión gubernamental

Marchistas dispuestos al diálogo, pero no a la negociación de sus territorios -

CIDOB: Comunidad indígena Puerto San Borja.

Carta a Evo Morales Ayma

BOLIVIA: Insultos gubernamentales postergan inicio de diálogo con marchistas

Edición:  ERBOL - http://www.erbol.com.bo

Fecha de publicación: 25 de agosto 2011  

Resumen: BOLIVIA – Los insultos y acusaciones del gobierno en contra de dirigentes indígenas postergaron el inicio del diálogo sobre el futuro del tramo dos de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La comisión gubernamental integrada por los ministros Walter Delgadillo, de Obras Públicas y, Teresa Morales, de Desarrollo Productivo, no pudo convencer inicialmente a los marchistas sobre el interés de acercamiento que perseguían al trasladarse hasta Puerto San Borja. Las denuncias del presidente Evo Morales y varios de sus ministros en contra de representantes indígenas, sobre supuestos vínculos con la embajada norteamericana, financiamiento de la agencia USAID y una acusación sobre tráfico de tierras y maderas frenaron la decisión de acelerar el encuentro sobre el TIPNIS.

Ubicación: http://erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483948708

BOLIVIA: Quintana acusa a la CIDOB

Autor: Iván Paredes

Edición:  La Razón - http://www.la-razon.com

Fecha de publicación: 25 de agosto 2011  

Resumen: BOLIVIA –Juan Ramón de la Quintana, director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro-regiones y Zonas Fronterizas (Ademaf) y hombre de confianza del gobierno central, afirmó que la agencia estadounidense USAID emplea la prebenda para conseguir sus fines, y que alienta la formación de gobiernos autónomos indígenas en los parques nacionales para aprovechar los recursos naturales. Según Quintana USAID financia a la CIDOB, organización indígena, que encabeza la marcha por el TIPNIS, como “su caballo de batalla para desestabilizar el gobierno” de Evo Morales. El exministro de la presidencia aconsejó a USAID “abandonar Bolivia antes de que la administración de Evo Morales decida su expulsión”. El dirigente de la CIDOB, Lázaro Taco, rechazó la acusación y la atribuyó a un intento más por dañar la imagen de la marcha en contra de la carretera por el TIPNIS.  ”El Gobierno intenta opacar esta marcha con acusaciones falsas. Tenemos apoyo externo, para nuestros talleres”.   

Ubicación: http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=136300&EditionId=2632

BOLIVIA: Continúa la marcha en defensa del TIPNIS

Edición:  UNITEL - http://unitel.tv/site/index.php

Fecha de publicación: 24 de agosto 2011  

Formato: Video  Resumen: BOLIVIA – En medio de la búsqueda de diálogo la marcha continúa. Los indígenas esperan a Evo Morales. En el video se ve imágenes de la marcha, partes de los discursos de los ministros, entrevistas con los marchistas, participantes de una marcha de apoyo en Santa Cruz…. Uno de ellos dice:  “no es que no queremos carretera (pero) ¡que se bordee el TIPNIS! Ellos saben que es un área supersensible, que nos permite vivir, a todos que estamos dentro de las ciudades”. Hay quejas sobre la actuación del gobierno: “Absolutamente no hemos escuchado una propuesta. Todo ha sido un son de burla, de repente de incapacidad”. El video registra también parte de la conferencia de prensa de Quintana (VER NOTA ANTERIOR) donde acusa a USAID de conspirar contra el gobierno. Quintana muestra supuestos correos electrónicos como prueba de sus acusaciones.

Ubicación: http://www.youtube.com/watch?v=U4WAOEpom1I

BOLIVIA: Transparencia en el TIPNIS

Autor: George Komadina - CEADESC

Edición:  ERBOL – www.erbol.com.bo

Fecha de publicación: 24 de agosto 2011  

Resumen: BOLIVIA – Sería equivocado pensar que el conflicto alrededor de la carretera por el TIPNIS se reduce a un problema puntual y de índole técnica, que gira en torno a la carretera que proyecta unir Puerto Villarroel con San Ignacio de Moxos. En el fondo, se trata de un conflicto jurídico-político estructural, que desafía la consistencia de la nueva Constitución, la política de transparencia del gobierno y, ciertamente, su compromiso con los pueblos indígenas. El gobierno no ha cumplido con partes elementales de la constitución, como el acceso a la información fidedigna, detallada y oportuna. “Lo que está en juego no es sólo la carretera, sino la existencia o la ficción de esa entidad por la cual lucharon los indígenas: el Estado Plurinacional”. 

Idioma: Castellano

Ubicación: http://erbol.com.bo/erbol.php?tipo=Opini%F3n&id=407

GIJA, el gasoducto del saqueo

Resurrección del Proyecto Pacific LNG

Nelson Vila, Justo Zapata y Mirko Orgáz

(Hora 25).- Con la conclusión del Gasoducto, mal llamado, de Integración Juana Azurduy de Padilla (GIJA), las transnacionales piensan exportar gas a Chile y a los mercados de ultramar por puertos del país transandino, para que continúe el inmisericorde saqueo de este recurso estratégico.Con la obra, las petroleras piensan exportar gas a Chile y los mercados extra-regionales a través de puertos del país transandino. Se consolida el plan transnacional que profundiza nuestra dependencia y atraso. Bolivia exporta sin tener reservas probadas suficientes de gas, mientras vive una inédita crisis energética.

Además, la exportación de gas natural por el GIJA es un calco de la nefasta venta de gas a Brasil, al continuar con la venta a precio cero del denominado gas rico, cuyos licuables deberían ser separados en el país desde el momento de la inauguración del ducto, según los acuerdos entre Argentina y Bolivia, como reveló el ex ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, para quien la venta del energético al país del Río de la Plata en esas condiciones es traición a la patria.
El acuerdo original de compra y venta de gas a la Argentina, según refleja una entrevista a la ex autoridad, consistió en “ni una molécula adicional de gas a la Argentina hasta que la planta separadora esté funcionando”.
“Omitir el cumplimiento de ese acuerdo puede ser considerado una traición a los intereses del país a la luz de lo que prescribe la nueva Constitución Política del Estado”, dice Soliz Rada, en una entrevista publicada por el diario tarijeño “El País” y reproducido por la página web de Plataforma energética.
Resurrección del Proyecto Pacific LNG
Cabe decir que el gobierno amplía las exportaciones de gas a la Argentina sin tener reservas suficientes de gas probadas y con total ausencia de planificación del uso de este energético para el desarrollo estructural de Bolivia. Esta política “neoliberal” profundiza nuestra condición de país exportador de materia prima, des-industrializado y empobrecido.
Como si fuera poco, el gobierno ahora negocia la venta de gas natural licuado a Paraguay y Uruguay, al mismo tiempo, que el poder petrolero genera en el país un ambiente propicio a la “inversión” externa para lograr nuevas concesiones petroleras en desmedro de YPFB y busca aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos a la medida de sus intereses, que incluye entre otras cosas, la rebaja de impuestos, bajo el argumento de “aumentar reservas” y la exportación a mercados extra-regionales.
Esta fue la principal conclusión del primer Congreso Internacional de Gas y Petróleo realizado por el gobierno del MAS y las petroleras el 18 y 19 de julio de mayo en la ciudad de Santa Cruz: exportar a mercados extra regionales.
Carlos Delius, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) lo señaló con meridiana claridad: “Bolivia tiene que llegar a alguna costa, y digo a alguna costa porque cualesquiera de las dos (la del Atlántico o la del Pacífico) puede servir para posicionar nuestro gas a nivel extraregional, de lo contrario esta va a ser una provincia gasífera, totalmente dependiente de dos mercados que tampoco funcionan como mercados, porque ni Argentina ni Brasil funcionan como un mercado libre de gas” (Energy Press).
Se trata, sin ambages, de la resurrección del proyecto Pacific LNG de exportación de gas a Chile y Estados Unidos que fuera duramente cuestionado por el pueblo boliviano los años 2002 y 2003.
Gas a Chile vía la Argentina
Carlos Delius, también, es directo y propone exportar gas a Chile utilizando los gasoductos Nor Andino y Atacama, construidos exclusivamente para este efecto en el nor-oeste argentino. “Hoy en día, sin consideraciones políticas ni históricas, el Pacífico sigue siendo el mejor lugar, uno porque ya hay una conexión física hacia el Pacífico, o sea entre Argentina y Chile existen dos gasoductos que básicamente no se los usan, que son Atacama y el Nor Andino y esos podrían transportar gas boliviano para juntarlo y licuarlo en Chile y de esa manera estar conectados al mercado mundial de gas”, afirmó a Energy Press.
Este plan de las transnacionales está secundado por el hecho objetivo de que el GIJA no exportará el gas natural al Noreste argentino, en el corto ni mediano plazo, como anuncia mediáticamente el régimen de Evo Morales. La propia presidenta argentina, Cristina Fernández, confirmó esto en el acto de inauguración del GIJA, cuando afirmó que el gasoducto al Noreste será concluido en el largo plazo.
Aún más, el Noreste argentino es la región más pobre del país vecino y del continente y no tiene ninguna capacidad industrial ni doméstica de absorción de los 27 MM3D de gas que se pretende trasladar a través del GIJA, como se publicita incesantemente por la propaganda oficialista y medios afines al saqueo de nuestros recursos. Además el tendido del gasoducto del Noreste de más de 1.500 kilómetros de largo ni siquiera está licitada y no llegará a los 3.4 millones de argentinos de esa región.
Además, miembros de la Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA) afirman que no hay un “San Pablo” en el Noreste argentino con la capacidad de consumo de 27 MM3d, pero sí en la minería del norte chileno donde se invertirán 43 mil millones en el próximo quinquenio.
¡Gas para Bolivia vía la Argentina!
El gobierno de Evo Morales habla de gasificar el sur de Bolivia desde la Argentina. Es un proyecto inviable. Al respecto, Cristian Inchausti, presidente de YPFB Transportes señala que “En 30 días, Potosí recibirá gas desde el norte argentino. En 30 días, Argentina concluirá la construcción del ramal del Gasoducto de la Puna que conectará el norte argentino con la población de La Quiaca, en la frontera con Bolivia. A través de este gasoducto, Bolivia podrá enviar el energético a las poblaciones de Villazón, Tupiza, Atocha y Uyuni”.
Desde Buenos Aires, el presidente Evo Morales secundó esta declaración señalando que este gasoducto permitirá industrializar los recursos minerales existentes en la zona, así como el proyecto de industrialización del Salar de Uyuni, buscando posicionar en el imaginario de la nación boliviana que está gasificando el país.
No se debe perder de vista la pérdida de soberanía sobre un recurso estratégico que nos llegará supuestamente de fuera de nuestras fronteras. Se trata, según este plan irrealizable, ¡gasificar el país viabilizando el gasoducto Nor Andino que va a Chile! (ver mapa), tal cual lo dice la CBHE que agrupa a las trasnacionales en Bolivia.
Antecedentes
Cabe recordar que desde Jorge Tuto Quiroga, pasando por Gonzalo Sánchez de Lozada, las transnacionales fracasaron con el “plan A” de exportar gas natural directamente a Chile con la construcción de un ducto desde el chaco boliviano hasta el puerto de Patillos bajo el pretexto de que el destino final del energético sería California (Proyecto Pacific LNG).
Ese proyecto transnacional frustrado por la movilización del pueblo alteño el año 2003, fue inmediatamente sustituido por el “Plan B” de exportación de gas a Chile, vía la Argentina. Este plan se ejecutó silenciosamente desde la ascensión de Carlos Mesa (2004-2005) por medio de dos gasoductos construidos en el norte argentino en dirección a Chile: Nor Andino y Gas Atacama, bajo la excusa de la crisis energética del país del río de La Plata y a “precio solidario” ($us. 0.98 el millar de pies cúbicos) mientras las transnacionales la reexportaban a 10 veces su precio.
Con el fin de evitar la crítica interna y aplacar la furia de las organizaciones sociales contrarias a la exportación de materias primas, Carlos Mesa –a principios de 2004- esgrimió la frase “ni una molécula de gas para Chile”, con la cual intentó convencernos de que el reinicio de la venta de gas a la Argentina estaría destinado únicamente a paliar su aguda crisis energética, sin embargo todas las moléculas gasíferas estaban destinadas a Chile como posteriormente lo reconoció públicamente el extinto presidente Néstor Kirchner.
¿Cuál la empresa beneficiada?
¿Cuál será la empresa que reciba los principales beneficios de este negocio? Nada menos que la española REPSOL que ha elaborado su propio triángulo energético para tener en sus manos la mayor cantidad de la renta petrolera.
La transnacional tiene en su poder los reservorios del campo Margarita (de donde se pretendía exportar gas a Chile antes de octubre de 2003), hoy proveedor principal del GIJA. En el lado argentino controla junto a Petrobras la explotación y exportación del gas natural. En otras palabras ella se venderá y comprará el energético, vía YPFB y Enarsa.
Para cerrar la tríada perfecta, descubrimos que es socia junto a Pluspetrol, ENDESA y CMS de dos plantas de generación de energía eléctrica en Tocopilla.
En suma, la Repsol, empresa española, se apropiará de la mayor cantidad de la renta gasífera y de su transformación en energía eléctrica para beneficio de las transnacionales mineras.
Hoy la petrolera, sin tener contrato, participa de la exploración del campo Sararenda, tal como ella informó a sus socios en su página WEB, de donde planea exportar también gas al mercado Argentino y chileno, y si alcanza a los mercados de ultramar.
Industrializar el litio argentino con gas Boliviano antes que el Salar de Uyuni
La otra noticia que indigna más el sentido común de la nación boliviana, es el anuncio aparecido en julio de 2005 sobre la construcción de un nuevo ducto que se conectará con el Gasoducto Atacama para potenciar el sector minero de Salta y culminará en el Salar del Hombre Muerto, en el límite con la provincia de Catamarca, donde la empresa Minera del Altiplano posee los yacimientos de litio y la empresa Bórax SA tiene yacimientos de borato.
En síntesis, con energía barata y limpia de Bolivia esos emprendimientos no tendrán competencia, mientras el gobierno boliviano anunció que usará la energía geotérmica para el desarrollo de la industria del litio en Potosí.
Exportadores de materia prima
Si durante los gobiernos neoliberales se concretó el gasoducto y la venta de gas a Brasil, la actual gestión concretó el GIJA y la ampliación de la venta de gas a la Argentina y se prepara para exportar gas natural licuado (GNL) a Paraguay y Uruguay, sin olvidar los mercados asiáticos.
La venta de gas a Chile por Argentina fue una idea que nació en el gobierno de Carlos Mesa el año 2004 como alternativa a la oposición del pueblo boliviano a venderle gas de forma directa a Chile.
Alteños en pie de alerta
La reciente movilización de los vecinos del Distrito Ocho de la ciudad de El Alto, que por poco deja sin combustibles a las principales urbes del departamento de La Paz, exigió alcantarillado y conexiones domiciliarias de gas natural.
En perspectiva, este es el primer síntoma de que todo el armatoste mediático, político y estatal, levantado por las transnacionales y sus socios para bloquear la agenda de octubre no funcionó.
Ocho años después de la “Guerra del gas”, continúa en la memoria del pueblo y en su instinto de supervivencia social que el único camino para salir del atraso y la dependencia e iniciar la liberación nacional es una verdadera nacionalización e industrialización de los recursos naturales y la gasificación del país.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011082406

Rechazan explotación de oro en Challatapa

21 de Agosto de 2011, 03:07

    Oruro - Bolivia.- En el primer encuentro de productores agropecuarios realizado en el Municipio de Challapata realizado este fin de semana, las autoridades comunales de Cochabamba, Oruro y Potosí, rechazaron la explotación minera en esta región, porque es un sector netamente ganadero y agropecuario.

    En opinión de los participantes en el evento, "la explotación minera en la región se basa en los intereses de empresas transnacionales que pretenden ingresar a la explotación de oro en el cerro Achachucani, aprovechando la cercanía del agua de la represa Tacagua".

    Dijeron que los trabajos de explotación minera significarán el removido de toneladas de tierra por día para la extracción de micro partículas de oro.

     Agregaron que, más grave aún, significará el gasto de agua que este sistema de minería implica, una vez que un yacimiento puede llegar a gastar en un día la cantidad de agua que una familia usaría en 20 años.

     Otra de las conclusiones del evento señala que la explotación aurífera implicará la contaminación por el uso de cianuro en el proceso de lixiviación, lo que contamina el agua y los suelos.

    Enfatiza que estas consecuencias no son desconocidas en Oruro por la salinización y contaminación de los suelos y las consecuentes malformaciones y abortos del ganado.

    Señala que la Federación de Juntas Vecinales de Oruro ha denunciado que los problemas se extienden a las áreas urbanas por la contaminación del agua para consumo humano, lo que provoca la migración de la población.
ABI

http://fmbolivia.com.bo/noticia61185-rechazan-explotacion-de-oro-en-challatapa.html

Anuncian debate sobre contaminación en el Pilcomayo

Chuquisaca / Erbol, Pl | 15/08/2011

Foto de archivo muestra la sequía del rió Pilcomayo.

Autoridades y representantes de instituciones del departamento boliviano de Chuquisaca se reunirán hoy para debatir sobre los problemas ecológicos de la cuenca del río internacional Pilcomayo, informó el asambleísta Oscar Rodas.
El legislador explicó a medios de prensa que analizarán diferentes propuestas a fin de mitigar el impacto ambiental provocado, entre otras causas, por la industria minera, principalmente en la región de Potosí.
Rodas recordó que se trata de un encuentro previo a la reunión que sostendrán entre el 22 y el 30 de agosto, con autoridades de los departamentos de Potosí y Tarija.
Según fuentes oficiales, una acumulación de sedimentos frena el curso del río Pilcomayo, lo cual amenaza con una catástrofe ambiental que dejaría sin recursos a cerca de cien comunidades indígenas y campesinas de Bolivia, Argentina y Paraguay, por cuyos territorios fluye.
En junio pasado, el gobierno boliviano declaró zona de desastre nacional y emergencia al departamento de Tarija, debido los problemas ecológicos de la cuenca del Pilcomayo.
Los ministros de Defensa y de Economía, María Cecilia Chacón y Luis Arce, respectivamente, comunicaron que el Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo ante la situación existente por la excesiva sedimentación y la disminución de los caudales.
Los funcionarios se comprometieron a realizar todas las acciones necesarias a fin de socorrer a las comunidades afectadas.
En ese sentido, añadieron que se destinarían recursos para el dragado del río y socorrer a por lo menos a unas 200 familias de los pueblos cercanos, cuyo único modo de sobrevivencia es la pesca.
El Decreto Supremo establece que, ante la emergencia, la Cancillería boliviana pueda propiciar una reunión para atender el problema que también afecta a Argentina y Paraguay.
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2011/0815/noticias.php?id=21670

Bolivia y Corea del Sur avanzan hacia una asociación por el litio

La Paz, 30 de jul. Se firmó un memorando de entendimiento para investigar los insumos

Corea del Sur toma ventaja para participar en la fase de industrialización del litio boliviano. Representantes de las firmas coreanas Korea Sources Corporatión (Kores) y Posco, y autoridades del Gobierno firmaron un memorando de entendimiento para iniciar trabajos técnicos que permitan una posible asociación para obtener los principales insumos de las baterías de litio (cátodo y electrolito).

El memorando, que es el tercero que se firma con representantes de Corea del Sur, fue signado por el parlamentario coreano Lee Sang Deuk, el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, el gerente nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia, Luis Alberto Echazú, y el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda.

Pimentel explicó que con la “suscripción de este convenio se busca el estudio sobre las formas de transferencia de tecnología y de carácter financiero de Corea en este posible emprendimiento que hagamos”.

Echazú precisó que “este nuevo entendimiento tiene que ver exclusivamente con el trabajo técnico, que se iniciará ya mismo, para eventuales asociaciones, para la producción de materiales de cátodo, electrolitos, ambos en base a litio y finalmente la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia”.

La obtención de cátodo y electrolito es la fase inicial para la posterior fabricación de las baterías de litio en el país. El cátodo es un polo de la batería que además está compuesta por el ánodo. La energía circula de uno al otro a través del electrolito, que viene a ser el “medio por el cual transita la corriente de un polo al otro”. Finalmente está la carcasa o el envoltorio y así se logra la batería.

Previo a este acuerdo, representantes de Corea del Sur firmaron dos memorandos con el Estado boliviano. Los dos primeros se referían a una cooperación en materia de investigación de salmueras y los procesos para la producción de las sales, es decir, el carbonato de litio.

Si bien Corea del Sur, a través de la empresa Kores, logró un gran avance en las negociaciones con las autoridades nacionales para consolidar su presencia en la fase de la industrialización del litio en el salar de Uyuni, Echazú aclaró que no “está nada cerrado” y que aún se negociarán con otros Estados y compañías.

Además de Kores, aparecen empresas de China y otras de Finlandia, Holanda y Suiza.

“Costó mucho trabajo hacer comprender a las empresas la estrategia que presentó nuestro Presidente (Evo Morales), pero lo hemos logrado y tengo la esperanza de que todas las empresas hayan comprendido”, comentó el gerente de Evaporíticos.

En octubre de 2010, el presidente Morales presentó el plan estratégico y soberano para la industrialización del litio que contempla tres fases, dos de las cuales serán de dominio total del Estado.

La primera fase del proyecto está orientada a la investigación científica para la obtención de carbonato de litio y la segunda, que empezará en 2013, contempla la ampliación de la actual planta piloto de Uyuni.

La tercera fase y donde sí se abrió la posibilidad de la participación externa, incluye la instalación de la industria de baterías de litio.

El presidente de la Comibol dijo que la tercera fase “es ya la fabricación de las baterías de litio, ahí es donde ingresamos con este intercambio tecnológico” con Corea.
Cambio
http://www.fmbolivia.net/noticia32495-bolivia-y-corea-del-sur-avanzan-hacia-una-asociacin-por-el-litio.html

Megarepresas: ¿exportar y depredar?

25/07/2011  ENERGY PRESS

Rolando Carvajal - Bajo la experiencia peruana de contundentes protestas sociales por la hidroeléctrica sobre el río Inambarí, tributario del Madre de Dios en la Amazonía de Puno, que afectaron al transporte y al comercio binacional con Bolivia, se ha desatado en el país una virtual polémica acerca de estos emprendimientos de enormes repercusiones económicas y sociales que la presente nota rescata, a partir de algunos acontecimientos puntuales.

Apenas concluía, el viernes 10 de junio en La Paz, el seminario “Construcción de centrales hidroeléctricas y mitigación de impactos socio ambientales: experiencias internacionales”, ya se ultimaban detalles para la discusión más que ecologista en el panel internacional “Cachuela Esperanza, ¿otra megarepresa en la cuenca del río Madera?”, efectuado el 15 del mismo mes en Cochabamba.

El primero fue organizado por el Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GESEL/UFRJ), a través de la Embajada de Brasil en Bolivia con el apoyo de Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM).

El segundo fue auspiciado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), cuyo director, Jorge Cortés, explicó que hay preocupaciones sobre el impacto ambiental que tendrá la proyectada central en Cachuela Esperanza, por la gran extensión de territorio a ser inundada, el costo social y la distribución de los beneficios económicos, entre otros aspectos.

CACHUELA ESPERANZA
La hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, que según previsiones oficiales produciría electricidad de exportación desde el 2019, está ubicada sobre el río Beni, al noroeste de Riberalta y ha sido proyectada como parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Madera (Madeira para los brasileños) en territorio boliviano.

Con una inversión de 2.000 millones de dólares, produciría 990 Megawatios (MW) equivalentes al 80% de la energía actualmente producida por Bolivia, y aunque el proyecto está en fase de estudios a cargo de la consultora canadiense Tecsult, los primeros resultados alertan que los impactos sociales y ambientales serían muy considerables.

Pero Cachuela Esperanza no es el único proyecto de exportación de electricidad, pues el gobierno tiene previsto, según la rendición pública de cuentas realizada el primer trimestre, concluir este año el estudio de pre-factibilidad de los aprovechamientos hidroeléctricos en cascada del tramo binacional del río Madera, que puede generar una potencia aproximada de 3.000 MW

Ambos eventos concluyeron antes que se conociera, el jueves 16, la decisión del gobierno peruano, de cancelar la concesión temporal para construir la gran central de Inambarí, origen de protestas en el sur del país y de una huelga en Puno que ha causado millonarias pérdidas al comercio con Bolivia durante las últimas cinco semanas.

EN EL PERÚ: INAMBARI
Al declarar extinguida la concesión –y acceder a las demandas de los pobladores del sur peruano–, se estableció que “cualquier derecho eléctrico relativo al Proyecto Inambari” deberá contar con la aprobación de la población de la zona mediante un mecanismo de consulta previa como recoge un convenio de la Organización Internacional del Trabajo.

La Central Hidroeléctrica del Inambari estaba destinada a ser la quinta más grande de América Latina, implicando una inversión de 4.847 millones de dólares para lograr 2000 MW de potencia instalada, de los cuales $ 882 millones serían para una línea de transmisión de 810 km de largo que la uniría con las centrales del río Madeira en Brasil.

Su construcción, de acuerdo a datos del Bank Information Center (BIC), implicaba un impacto social y medio ambiental considerable:

Por una parte, la evacuación de entre 4.000 y 8.000 personas a causa de la inundación de 378 km2, por lo cual 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de Dios deberían ser reubicados y compensados; la deforestación de unas 308.000 hectáreas, sobre todo a causa de la migración de la población en búsqueda de trabajo y negocios; la destrucción de la biodiversidad del área y la severa alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba.

Además serán afectados 161 km de la Carretera Interoceánica por el embalse de la represa, según el reporte del BIC.

MOROS Y CRISTIANOS
En el caso de Bolivia, con una polémica que apenas comienza e interesa mucho a los grupos medioambientales, los dos eventos consecutivos han mostrado, entre otros aspectos técnicos y financieros que el negocio no será fácil, peor si se forman grupos antagónicos.

Por lo pronto, ante una tibia posición gubernamental, Brasil parece haber tomado la delantera, y tiene de su lado a la CAF y al BM, aunque los tres enfatizan la condición soberana de boliviana para resolver el asunto, según declaró el secretario de la Embajada, Ruy Ciarlini, quien clausuró el seminario sobre las hidroeléctrica y la mitigación de los impactos socioambientales.

La iniciativa a favor de las hidroeléctricas cuenta también con el apoyo de expertos del sector como Carlos Miranda y ex funcionarios que alientan la idea de contar, igual que Paraguay con Itaipú (14,750 MW), Venezuela con Raúl Leoni (Guri) y Macagua 10,055 y 3.154 MW (respectivamente) o Argentina con Yacyreta (3.100 MW), con una mega represa cuya energía tenga mercado seguro lo mismo que ingresos estatales garantizados por largo tiempo.

Con un régimen de posiciones ambiguas o casi silenciosas –para el CEASDEC la mayor inquietud es la falta de información por parte del Gobierno–, el otro frente comienza a conformarse por otros expertos que se agrupan en torno al CEADESC que opera desde Cochabamba, abanderando la defensa del medio ambiente, y al portalplataformaenergética.org impulsado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA), con base en La Paz.

Eduardo Gudynas, de Plataforma Energetica.org señala, por ejemplo, que el permiso para la construcción de la gran represa Belo Monte en la Amazonia brasileña no sólo ha recrudecido las polémicas en ese país, sino que tiene consecuencias internacionales importantes.

“Es un ejemplo que otras naciones, como Bolivia, no deberían imitar” recomienda Gudynas al rememorar que la presa sobre el río Xingú inundará 700 kilómetros cuadrados, con enormes impactos sociales, tanto en comunidades rurales como pueblos indígenas, y severos efectos ambientales. “A pesar de que desde hace años la ciudadanía se opone a esa obra faraónica, el Gobierno federal brasileño y un grupo de empresas lograron su primer permiso para iniciar las obras”.

TEMORES
En el seminario organizado por Brasil, la CAF y el BM, el viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Alurralde (observador asiduo en el caso de las aguas del Silala que aprovecha Chile), expresó el temor de que las represas Jirau y San Antonio, sobre el río Madeira desaten inundaciones en el lado boliviano y daños en la economía y salud indígenas.

Según Alurralde, Bolivia no está satisfecha con los informes en pro de las hidroeléctricas, prontas a operar el 2012 y el 2013. Es más, las inundaciones y alteraciones en el flujo de agua podrían incluso inviabilizar otros proyectos hidroeléctricos en territorio boliviano.

Santo Antonio y Jirau serán capaces de generar 6.450 MW, 1.000 menos que los 5.450 previstas por Cachuela Esperanza, El Bala y las cachuelas sobre el Madera boliviano.

EL INTERÈS BRASILEÑO
En Brasil ha existido un crecimiento económico sostenido lo cual ha contribuido a convertirlo en el país más influyente de América del Sur. Instituciones como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) con activos de $159 mil millones, son instrumentos de una política nacional que apuesta por el fortalecimiento a empresas que contribuyan al desarrollo del país, mejoren la competitividad de la economía y eleven la calidad de vida de la población brasileña.

El crecimiento sustancial de la economía brasileña ha conllevado un incremento considerable de sus necesidades, energéticas y es ahora el tercer consumidor mundial de electricidad aunque su electricidad es cara.

El interés del Brasil por impulsar la integración energética sudamericana responde, en gran medida, a la necesidad de asegurar su abastecimiento de energía eléctrica. Entre 2009 y 2017 su demanda debe crecer, en promedio, en 5.900 megavatios anuales para poder mantener un crecimiento económico del orden del 4 al 5% anual.

Diversos consultores privados afirman que en los próximos 10 años el Brasil necesitará una capacidad adicional de producción de 50.000 MW, de los cuales 37.000 ya están en diferentes niveles de avance. Por esta razón, están en marcha grandes emprendimientos que también constituyen grandes oportunidades de inversión para la empresa privada y la banca multilateral brasilera. Actualmente Brasil viene apostando por la construcción de grandes represas como Tucuruí, Balbina y Itaipú, y actualmente está promoviendo represas como Belo Monte, Inambari, en Perú y Cachuela Esperanza, en Bolivia, y el Complejo hidroeléctrico del río Madeira cerca a la frontera entre Perú, Bolivia, y Brasil.

En este contexto, los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva altoperuana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intención entre Brasil y Perú —uno de cuyos seis puntos hace referencia a las hidroeléctricas— fue mucho más comentada en Brasil que en el Perú, donde, a pesar de su evidente importancia geopolítica, económica, social y ambiental, pasó casi desapercibida. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprometiéndose a comprar al Perú gran parte de la energía producida.

Las hidroeléctricas por construir son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW), con un costo conjunto en el orden de los US$16 mil millones, de acuerdo a una información difundida por Bicusa.org.

MADERA-CACHUELA ESPERANZA
Para el proyecto Madera, se realizaron estudios básicos como levantamiento topográfico (sistema LIDAR), georeferenciación, hidrología (mediciones sedimentológicas y caudales), además de línea-base ambiental y geológica. El costo aún está por definirse.

El proyecto Cachuela Esperanza tiene casi listo el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental y el Diseño Final del aprovechamiento hidroeléctrico. Se prevé contar con una potencia instalada de 900 MW, mediante 18 turbinas Bulbo de 50 MW cada una, a un costo total de 2.464 millones de dólares, que incluye tendido de líneas y construcción de subestaciones.

Según lo informado por Tecsult, la represa tendrá una superficie de 690 kilómetros cuadrados, es decir tres veces más que cada una de las dos represas brasileñas. Entre otros efectos nocivos del proyecto sobre el medio ambiente y la biodiversidad serán: la alteración, pérdida de agua y del caudal del río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y alteración y pérdida de aves.

El IIRSA informó que, de acuerdo al contrato, Tecsult debe realizar tres estudios por un monto de 8 millones de dólares: Diseño final del proyecto Cachuela Esperanza, impacto en Bolivia de las represas Jiraú y San Antonio en Brasil, y tres alternativas – a nivel de pre-factibilidad - de posibles formas de aprovechamiento de las potencialidades del tramo binacional Bolivia – Brasil en el río Madera, Mamoré y Beni.

Los impactos a nivel social serán de reubicación de hogares, pérdida de tierras agrícolas utilizadas para el autoconsumo y comercio, pérdidas de recursos utilizados por la población, perturbaciones a la pesca, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades ligadas a la presencia de obras, señala Plataformaenergetica.org.

La construcción incluiría obras como una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica, vertedero e la instalación de varios generadores/turbinas. Demorarían en su construcción de hasta ocho años.

Según el especialista Henkjan Laats, tomando en cuenta que la cantidad de energía que produciría Cachuela Esperanza es más de tres veces menor que la energía generada en Brasil - 990 MW frente a 3300 y 3150 MW de Santo Antonio y Jirau, y que el área inundada (690 Km2) sería tres veces mayor que la de aquellas represas, el impacto de Cachuela Esperanza en temas como la emisión de gases con efecto invernadero sería diez veces más grave por cada MW producido.

El costo de la energía producida por Cachuela Esperanza será más alto que el costo de la energía producida por Jirao y San Antonio. Por lo tanto, como la energía de Cachuela Esperanza está destinada al mercado brasileño, en las negociaciones sobre el monto de dinero que pagará Brasil para la energía generada de Cachuela Esperanza, Bolivia difícilmente obtendrá el precio justo para la energía exportada.

Un argumento que se utilizó a favor del proyecto era la esperanza de Bolivia de tener una hidrovía hasta el Océano Atlántico, lo que mejoraría la viabilidad económica de Cachuela Esperanza. Esta posibilidad se vio frustrada desde que Brasil decidió no construir esclusas como parte de los proyectos hidroeléctricos Jirao y San Antonio, según LaHaine.org.

Avances: sin consenso ni participación social
Los mega proyectos hidroeléctricos que se prevén construir en la Amazonía, en el río Madera, avanzan sin la participación de la sociedad civil y no cuentan con una visión integral de desarrollo, advirtieron en el seminario “Cachuela Esperanza, ¿Otra Mega represa en la Amazonía?”.

“Las represas que se plantean en el marco de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana IIRSA (hoy denominado Comité Coordinador de la Infraestructura de América del Sur y Planificación COSIPLAN) tienen muy poca participación de la sociedad civil, de los pueblos, es una suerte de imposición de los mega proyectos sobre los pueblos”, dijo Jorge Cortés, director del CEADESC.

“No puede haber proceso de integración sin la participación de la sociedad civil y no es posible la participación sin información”, explicó Cortés en la apertura del seminario que contó con la participación de ambientalistas, representantes de organizaciones civiles y periodistas de Brasil, Perú y Bolivia.

Según el Director del CEADESC, los actuales proyectos de integración regional sudamericana se sustentan básicamente en el desarrollo de infraestructura, pero carecen de una visión más integral y no incorporan una mirada desde la economía, la planificación energética, los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y el desarrollo.

“Es necesario repensar estos proyectos de integración con una mirada y una perspectiva más global y de desarrollo”, agregó.

Participaron del panel: Ing. Walter Justiniano (Especialista Medio Ambiente, Guayaraín), Dorian Arias (Radio Televisión Bambú, Guayaramerín), George Komadina (CEADESC, Cochabamba), Vanessa Cueto (Derechos, Ambiente y Recursos Naturales, Lima, Perú) y Guilherme Carvalho (FASE - Federación de organizaciones para Asistencia Social y Educacional, Belem, Brasil).

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/semanarios-mainmenu-126/44304-megarepresas-iexportar-y-depredar-.html

La ONU podría reconocer los derechos a la Madre Tierra

INICIATIVA DE BOLIVIA
Publicado el: 20/07/2011 | Agencias como la canadiense Postmedia News indican que la ONU podría acoger la propuesta del gobierno boliviano para reconocerle Derechos a la Madre Tierra y la Naturaleza

Ya el año pasado Bolivia le confirió constitucionalmente a la naturaleza 11 derechos, entre ellos derecho a la vida; a continuar sus ciclos vitales; derecho al aire limpio y al agua pura; derecho al equilibrio y a no ser contaminada. La concejala Ati Quigua señala que en Colombia el Referendo por los Derechos de la Naturaleza es la voz directa de colombianos y colombianas que defendemos la vocación ambiental y agrícola del país, “exigimos que nuestro gobierno vote a favor el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra en la ONU, que se discutirá el Día de la Tierra en abril próximo”.
La propuesta boliviana busca que la ONU reconozca a la Tierra como entidad viva que los seres humanos han tratado de dominar y explotar, cuando el bienestar y la existencia de muchos seres se ven amenazadas. Surgió de la ley aprobada en 2010 por el Parlamento boliviano y promulgada en enero pasado por el presidente indígena Evo Morales que concede los mismos derechos de las personas a los animales, a los árboles y a todos los elementos que conforman la naturaleza.
La norma boliviana establece la existencia de un Ministerio de la Madre Tierra, un Defensor del Pueblo que abogue por sus derechos y escuche las quejas de la naturaleza como la voz de activistas y otros grupos, incluyendo el Estado. La concejala Ati Quigua señala que el gobierno colombiano debe saldar la deuda histórica, “como paso con los derechos de los pueblos indígenas se abstuvo de apoyar la iniciativa estando entre los 10 países más biodiversos, a expensas que más de 35 pueblos están en vía de extinción, “en este caso el gobierno debe votar positivamente esta iniciativa”, señala.
La dirigente arhuaca, promotora del Proyecto Referendo por los Derechos de la Naturaleza, advierte que ante el actual Plan Nacional de Desarrollo, es urgente y necesario que se escuche en Colombia una voz diferente a la oficial que piensa financiar el supuesto desarrollo (para los pueblos indígenas autodestrucción) con la explotación minera. Agradece las más de 270.000 personas que han firmado el Referendo y, a las organizaciones que apoyan la promoción de la campaña como Agrosolidaria, la ONIC, CIT, Familia de la Tierra, la Revolución de la Cuchara, Fundación Natura, la Red de Arte para la Tierra y otros movimientos ambientalistas como Resistencia Andina que se han vinculado como promotores, “esperamos cumplir la meta 10% del censo electoral unas 1.500.000 firmas para que los colombianos que protegemos la riqueza natural de Colombia, unidos en una sola voz podamos proponer una camino diferente a la autodestrucción del país”.
Al referirse a la autodestrucción cuestiona cómo Colombia, uno de los países más biodiversos y con más altos niveles de cultura pueda estar avanzando a la extinción de sus grandes riquezas hídricas, selvas forestales por tala indiscriminada de bosques, minería a gran escala y la implementación de megaproyectos que destruyen territorios y ecosistemas completos de flora y fauna y lo que es peor, estas actividades de extracción y reducción de la biodiversidad, están destruyendo pueblos enteros como los más de 40 pueblos indígenas que hoy están en riesgo de desaparecer física y culturalmente ante el deterioro ambiental y natural causado por el gran capital destructor.
Cabe recordar que ya hay experiencias positivas como la de Ecuador y Bolivia, este último país desde abril del año pasado le confirió 11 derechos a la Madre Naturaleza a saber: el derecho a la vida y a la existencia; el derecho a continuar sus ciclos vitales y procesos libres de la alteración humana; el derecho a no tener su estructura celular contaminada o alterada genéticamente; el derecho a no ser afectada por mega infraestructuras y proyectos de desarrollo que afecten el balance de los ecosistemas y las comunidades de los pobladores locales; el derecho al aire limpio y al agua pura; el derecho al equilibrio y; el derecho a no ser contaminada.
La medida del gobierno indígena boliviano es considerada como un hito en la historia reivindicativa de los pueblos indígenas y la Naturaleza, afectada por acciones humanas irracionales causantes del calentamiento global y cuyas consecuencias han llevado a graves alteraciones en el desarrollo del cambio climático. El Fallo ocurrió un año después de celebrarse la I Cumbre Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, en Bolivia (evento que acompañó Todos Atierra), que contó unas 35.000 personas provenientes de los cinco continentes: 142 países, y que entre otras propuestas arrojó la creación de un organismo intercontinental en defensa de la Madre Tierra para debatir con organizaciones internacionales la adopción de medidas para preservar el ambiente y la naturaleza. Y la creación de un Fondo de Compensación para que las naciones que realicen irracionalmente industrialización, provocando desequilibrio ambiental paguen la deuda climática.(Biodiversidadla)
http://www.primerafuente.com.ar/index.php/noticia/la-onu-podria-reconocer-los-derechos-a-la-madre-tierra