martes, 4 de octubre de 2011

10 razones desde lo indígena para que la carretera no parta el TIPNIS


26/09/11 Por Daniel Bogado Egüez

Investigador de la Universidad Técnica del Beni escudriña los fundamentos de los pueblos indígenas para oponerse a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Considera que se debería insistir en el diálogo, en la consulta previa, y llegar a consensos entre el Gobierno central y los pueblos indígenas. Este conflicto tiene connotación nacional, pues se trata el futuro de un Área Protegida amenazada. Habría que convocar a un Referéndum Vinculante sobre la necesidad de integrar al país pero por rutas que no afecten las Áreas Protegidas ni Territorios Indígenas constituidos de manera legítima y jurídica.
La lógica capitalista sostiene que el bienestar económico de las sociedades se obtiene a través de mayor producción y productividad, garantizadas y mediatizadas por recursos naturales, capital, caminos, transporte, infraestructura productiva y mano de obra a bajo costo. En esta lógica autoridades nacionales y gran parte de los pobladores benianos se han cerrado en este discurso, anteponiendo que el progreso del Beni vendrá por medio de las carreteras.
Por otro lado, está la lógica indígena de respeto por la naturaleza y convivencia fraterna intra y extra comunitaria. Entonces los que manejan esta lógica o piensan diferente a la lógica capitalista se convierten en los enemigos del progreso, enemigos del “desarrollo”.
Parece que los benianos no aprendemos la lección con la carretera esperada desde Santa Cruz. Y les lanzo la pregunta, en términos económicos ¿a qué sector benefició más dicha carretera?, por supuesto que a los grandes empresarios, a los ganaderos grandes, a los comerciantes que introducen los productos y nosotros, ¿que exportamos? Casi nada, a excepción de ganado flaco para que lo engorden en Santa Cruz, lo procesen y lo comercialicen con la etiqueta made in Santa Cruz.
También se ha visto que la carretera a Santa Cruz mató la pequeña producción beniana, ya no se ven las granjas de pollos, las carpinterías y pequeñas micro empresas. Con esto mi propósito no es desanimar ni estar en desacuerdo con la integración del país. El Beni más que otro departamento requiere vincularse con el resto del país, pero no por el hecho que somos un departamento pobre vamos aceptar imposiciones desde el gobierno central.
Necesitamos conocer los pros y contras de los mega proyectos “pensados” para nuestra región; para ello existen los medios jurídicos como la consulta previa, la consulta pública que están insertas en la Constitución Política del Estado. Pero más que todo necesitamos que se consulte a los pobladores originarios que sufrirán efectos directos sobre los recursos naturales y su manera de vivir en sus territorios tradicionales, cosa que el Gobierno no ha realizado en el TIPNIS.
En este sentido, como investigador social que ha seguido de cerca el movimiento indígena de tierras bajas, y ahora como Jefe del Departamento de Investigación de Pregrado de la Universidad Autónoma del Beni, me constituí en la comunidad de San Pablo del Isiboro invitado por la Subcentral del TIPNIS para participar en el 30 Encuentro de Corregidores del TIPNIS.
Mi participación se centró en socializar una propuesta de apertura de una carrera de agropecuaria en el TIPNIS, la cual fue aprobada por el Encuentro de Corregidores. Sin embargo, y a medida que transcurría el Encuentro, fui tomando nota de las intervenciones de las autoridades, comunarios y comunarias del TIPNIS sobre el rechazo general a que pase la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos por medio TIPNIS.
Con el intento de sistematizar estas intervenciones sobre el rechazo que tienen los indígenas a que la carretera atraviese el TIPNIS, clasifico 10 razones, cinco ambientales y cinco socio culturales que a continuación se las presento:
Cinco razones ambientales
El TIPNIS es un Área Protegida Nacional, que en el Decreto Ley promulgada el 22 de noviembre de 1965 estipula lo siguiente: (…Que los Parques Nacionales constituyen centros de recreo, turismo, estudio e investigación, incremento y defensa de los recursos naturales renovables…) Si la carretera pasara por el corazón del parque, sufriría deforestación y estaría a merced de agentes externos que explotarían los recursos naturales renovables y no renovables.
Se atentaría contra la biodiversidad (flora y fauna silvestre del TIPNIS) contraviniendo las razones de su creación y la obligación del Estado Plurinacional de conservarlas como reservas vírgenes (…el Estado posee áreas que por su particular belleza, ubicación, topografía, riqueza en flora y fauna, merecen ser mantenidas como reservas vírgenes…) (DL, 22 de noviembre de 1965).
Afectaría las cuencas hidrográficas y nacientes de los ríos que se encuentran en las cabeceras de los cerros o pie de monte del TIPNIS. Contraviniendo una vez más el deber del Gobierno de preservarlas: “Que es deber del Supremo Gobierno preservar las cuencas hidrográficas y las nacientes de los ríos, a fin de evitar inundaciones e interferencias en la navegación; Que en las provincias Chapare y Moxos de los departamentos de Cochabamba y el Beni, respectivamente…) (DL, 22 de noviembre de 1965).
Pondría en serio peligro la integridad de los recursos naturales por la actividad de los colonizadores que se dedican a la producción de coca: “…Que la construcción del camino Marginal de la Selva y los planes de colonización, ponen en serio peligro la integridad de los recursos naturales renovables y, consiguientemente, la belleza escénica de la región (DL, 22 de noviembre de 1965).
Desconocería y restaría valor a toda la acción que han logrado los pueblos indígenas del TIPNIS en elaborar planes de manejo y la formación de recurso humanos locales (equipos técnicos y guardaterritorios) para proteger el Área Protegida y Territorio Indígena. Así mismo desconocería la labor de protección que viene realizando de manera compartida el SERNAP con financiamiento internacional para mitigar el calentamiento global de la tierra y garantizar oxígeno para todo el mundo.
A todo ello observaron la contradicción del discurso del Presidente de Bolivia en el ámbito internacional, en “defensa de la madre tierra”. Se preguntaban, ¿acaso la madre tierra sólo se encuentra en el altiplano?, ¿no está también en el TIPNIS?
Cinco razones socio culturales
Con la marcha indígena por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990, el TIPNIS tiene doble categoría: Es Área Protegida y Territorio Indígena. El Territorio indígena no fue producto de la buena voluntad de un dignatario de Estado, fue resultado de un movimiento social a través de la marcha que partió de Trinidad hasta La Paz en 34 días.
Al constituirse como territorio indígena y contar con Personería Jurídica, se legitima y legaliza el derecho propietario de los pueblos indígenas yuracarés, mojeños y chimanes que habitan tradicionalmente este espacio. Conociendo el Gobierno que el TIPNIS posee doble categoría, no consultó previamente a los dueños del territorio: Mojeños, Yuracarés y chimanes si querían que pase la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos por medio territorio.
Al margen que no se les consultó, el Gobierno ha desatado toda una propaganda mediática haciendo ver que él quiere la integración, y apuesta por el progreso y desarrollo de los pueblos (lógica capitalista) y que los indígenas del TIPNIS se oponen al desarrollo, creando así un ambiente de desinformación pública que genera un sentimiento de rechazo y confrontación contra los dueños del territorio.
Asimismo, con esta actitud, el Gobierno Plurinacional viola, los derechos humanos, las normas internacionales como el Convenio 169 ratificado en la ley 1258, ley sobre los derechos humanos, sociales y políticos de los pueblos indígenas de la ONU que indican respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas, asimismo, la violación de la Constitución Política del Estado que en su artículo 30 establece: que se debe consultar previamente a los pueblos indígenas, cuando una obra importante atraviese su territorio… ) Si ahora al inicio ha incumplido la ley, ¿será posible que haga cumplir las normas del manejo ambiental, cuando la carretera se construya y sea transitada?
El TIPNIS significa para los indígenas mojeños la Loma Santa, o tierra sin mal, donde se asentaron para escapar del avasallamiento y explotación de los carayanas en la época de la goma. Es un lugar donde los mojeños, yucararés y chimanes producen y reproducen culturalmente manteniendo sus cosmovisiones, costumbres, idiomas, mitos y ritos. Con la apertura de la carretera por su territorio, toda la estructura cultural se vería seriamente afectada por agentes externos con otras visiones, idiomas y ritos contrarios a sus lógicas de ocupación del espacio, del ser y estar en el TIPNIS.
Aunque persiste el problema no resuelto de los límites interdepartamentales entre Beni y Cochabamba, la colonización ya perforó parte del TIPNIS. Sin embargo las comunidades indígenas mojeñas, yuracarés y chimanes se han convertido en la frontera humana para frenar con pocos medios la avalancha colonizadora al TIPNIS. Con la apertura de la carretera, el avasallamiento de colonizadores dedicados a la actividad del monocultivo de coca será imparable y los efectos negativos, ambientales y sociales serán irreversibles.
Con la apertura de la carretera, se evidenciará la exclusión de los pueblos indígenas de tierras bajas por el Gobierno nacional y la preferencia de éste a los colonizadores con los cuales se reúnen cuantas veces quiere y les construye infraestructura escolar y de salud de buena calidad en detrimento de las precarias escuelas y postas sanitarias que tienen los indígenas sobre todo los que viven en la zona de colonización. Entonces los indígenas se verán en desventaja obligándolos a migrar a la ciudad a buscar estos servicios, sin embargo aumentaran los cordones de pobreza de barrios periurbanos carentes de servicios básicos, y desvinculados de la madre naturaleza que les permite vivir con dignidad y reafirmación sociocultural.
Estas 10 razones, cinco impactos ambientales para el Área Protegida y cinco impactos negativos para el territorio indígena, nos muestra el choque de dos lógicas, la lógica capitalista que sólo ve en la naturaleza la manera de generar excedente económico a corto plazo, llamado progreso y desarrollo, frente a la lógica indígena que concibe al territorio como su madre que le ofrece seguridad alimentaria, techo y medicina natural; y también le garantiza relaciones sociales fraternas, y su reafirmación socio cultural para vivir con dignidad y autodeterminación.
Entonces ¿cómo conciliar ambas lógicas? Considero que se debería insistir en el diálogo, en la consulta previa, y llegar a consensos entre el Gobierno central y los pueblos indígenas. Pero también no olvidemos que este conflicto tiene connotación nacional, pues se trata el futuro de un Área Protegida amenazada, en este sentido, comparto la idea del Prof. Arnaldo Lijerón de convocar a un Referéndum Vinculante sobre la necesidad de integrar al país pero por rutas que no afecten las Áreas Protegidas ni Territorios Indígenas constituidos de manera legítima y jurídica.www.ecoportal.net
Daniel Bogado Egüez es cientista social, docente universitario e investigador de la Universidad Autónoma del Beni. Su opinión no compromete a su Institución.
Plataforma de Política Energética www.plataformaenergetica.org
Bibliografía:
- Constitución Política del Estado, La Paz, 2008.
- Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Gobierno boliviano en la Ley 1258 en el año 1991.
- Decreto Ley de creación del Parque Nacional Isiboro Sécure, 22 de noviembre de 1965.
- Lijerón Arnaldo, Ponencia: “APROXIMACIÓN A LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIO-CULTURALES EN LAS COMUNIDADES DEL TIPNIS, POR LA CARRETERA VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOJOS, Y UNA PROPUESTA”, julio de 2011.
- Testimonio de comunarios y comunarias participantes del 30 Encuentro de Corregidores del Territorio autónomo Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, San Pablo de Isiboro del 28 de julio al 2 de agosto de 2011.
Nota de la Redacción: Datos según la Lista Electrónica IIRSA - Megaproyectos / EXTRA - TIPNIS - 33

Algunas claves del conflicto del TIPNIS


oct 2, 2011

La represión del 25 de septiembre
De manera sorpresiva la policía intervino sobre los marchistas, indígenas de tierras bajas que buscan llegar a La Paz para oponerse a la construcción de una carretera por sus territorios. La razón formal de los policías era evitar un enfrentamiento entre indígenas y campesinos pro Evo que bloqueaban en Yucumo para evitar su paso. No obstante, la intervención policial derivó en una violenta represión, con uniformados golpeando y esposando a indígenas, incluyendo madres con niños, y cubriéndole la boca con cinta adhesiva. Ello generó una ola de rechazo en las ciudades, la ministra de Defensa Cecilia Chacón renunció en rechazo a la represión con una carta en la que dice “No así”. Los medios de comunicación, la gente en las calles y en las redes sociales bolivianas no hablaban de otra cosa. 24 horas después Evo Morales dijo que él no ordenó reprimir, que la acción policial fue “imperdonable”. Unas horas más tarde cayó el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti. Es verdad que unas horas antes el Canciller David Choquehuanca, que se acercó a la marcha a negociar, fue “retenido” por un grupo de mujeres que lo obligó a marchar durante varias horas, pero ese tipo de acciones son bastante comunes en Bolivia, y el propio Evo Morales en el pasado también apeló a ellas, por lo que la sobreactuación legalista de Llorenti apareció como una mera justificación del desborde policial. Finalmente, Evo pidió disculpas a los indígenas. Una mezcla sin duda de cierta intransigencia, y torpezas varias en el manejo del conflicto.
Lo que se juega en el TIPNIS
La historia comienza con la decisión del gobierno de Evo Morales de construir una carretera cuyo segundo tramo atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que es al mismo tiempo una reserva natural (desde 1965) y el hábitat de pueblos amazónicos como yuracarés, chimanes y mojeños (es territorio indígena desde 1990) . Pero además hay otros actores, como los cocaleros, que se fueron expandiendo y en los años 90 acordaron no pasar más allá de una “línea roja” acordada con los indígenas, la Central Obrera y el gobierno de entonces, además de narcos que aprovechan el aislamiento de esta región y traficantes de madera. El gobierno tiene argumentos sensatos para justificar su iniciativa: integrar el país (viajar por tierra a la Amazonía sigue siendo un suplicio) y sentar presencia estatal en la Amazonía, una región tradicionalmente a merced de élites filomafiosas, ganaderos, madereros, etc. Pero también son razonables las prevenciones indígenas movilizados: temen una invasión de los cocaleros, perder su hábitat y pagar altos costos ambientales. Y quieren que se cumpla el derecho a la consulta previsto en la nueva Constitución (que en realidad refiere solamente a la explotación de recursos no renovables en territorios indígenas). Basta visitar el TIPNIS para ver que hay lógicas territoriales, culturales, y cosmovisiones muy diferentes entre colonizadores aymaras/quechuas y los originarios de la región, más vinculados a modos de vida tradicionales.
Tensiones indígenas/campesinas
Sí y en la Asamblea Constituyente no se abordaron con seriedad estos problemas. La nueva Constitución habla siempre de “indígenas-originarios-campesinos”, como si construir una voluntad colectiva fuera una mera adición matemática, pero estos grupos tienen a menudo visiones diferentes sobre los problemas nacionales e incluso intereses divergentes. Basta un ejemplo: el máximo dirigente campesino Roberto Coraite dijo que la ruta es necesaria para que los indígenas amazónicos dejen de vivir “como salvajes”. Luego pidió disculpas pero en realidad solo había dicho lo que realmente pensaba. Además, quechuas y aymaras cuestionan que pueblos amazónicos de algunos cientos o miles de personas hayan accedido mediante las Tierras Comunitarias de Origen a miles y centenares de miles de hectáreas, e incluso dicen que hay que acabar con los “terratenientes indígenas” y piden revisar la actual ley de tierras. Los indígenas de tierras bajas (entre los que se destacan los guaraníes) siempre fueron militantes de segunda en el Movimiento al Socialismo, un partido hegemonizado por quechuas y aymaras. Finalmente, lo indígena como un sujeto colectivo homogéneo o bien es una autoconstrucción basada en un razonable “esencialismo estratégico” para construir un sujeto político o es una visión derivada de las lecturas que los ubican a todos en un imaginario bloque subalterno (o de la propia construcción colonial de la otredad), pero mantener la “unidad popular” requiere permanentes esfuerzos por articular intereses. Evo lo logró en varios momentos, pero en otros, como ahora, los “particularismos” estallan. Sin embargo, muchas ideas románticas sobre la indianidad pasan por encima de estas “contradicciones en el seno del pueblo”, construyen sujetos revolucionarios/subalternos ideales y luego piensan las cosas en términos de traidores o razonamientos por el estilo.
El efecto sobre Evo
En menos de doce meses, Evo Morales debió retroceder dos veces en temas que el gobierno consideró previamente como innegociables. En diciembre del año pasado se vio obligado a derogar el decreto del gasolinazo (eliminación de los subsidios estatales y aumento de los combustibles hasta 80%) cuando las protestas amenazaban con masificarse. Esta vez hizo lo mismo al transferir “al pueblo” de Cochabamba y Beni -los departamentos involucrados- la decisión de seguir o no con la carretera. Pero más allá de cómo se termine de resolver este embrollo, este nuevo paso atrás no es inocuo. Muchos saben ahora que en las calles se puede torcer el brazo de un gobierno imbatible en las urnas. Y en Bolivia son muchos los que tienen capacidad de veto. Si contra la derecha y los “separatistas” Evo es invencible, lo es menos frente a sectores de sus propias bases, en un país donde la fidelidad a los líderes suele quedar a merced de complicadas configuraciones del humor social. Además, la represión violentó sin duda la “confianza étnica” de la que aún goza el presidente boliviano. Los campesinos consideran a Evo “uno de los nuestros, puesto por nosotros ahí en el palacio”; una idea de autorrepresentación que no existe en otros países de la región, y no le hace las cosas fáciles ni siquiera a un gobierno popular. A ello se suman las disputas por las rentas de los recursos naturales, la base material de la economía boliviana, disputas que combinan demandas naturalmente democráticas de inclusión con ciertas imágenes del “Estado mágico” capaz de resolver todos los problemas frente a una economía privada débil. El problema es que el estado también es débil.
En Bolivia la gente lucha literalmente a muerte por sus reivindicaciones sectoriales, como lo hacía el propio Evo como dirigente cocalero, por eso es tan difícil de gobernar y por eso se necesita tanta capacidad de negociación, la que no mostró el gobierno al decir que la carretera iba “sí o sí”.Aunque con un presidente más fuerte que cualquiera de los anteriores, lo ocurrido con el gasolinazo y con el TPNIS recuerda que en Bolivia la sociedad es fuerte y el Estado es débil, un atractivo para los estudiosos de los movimientos sociales pero un problema, sin duda, para quienes deben gobernar. Además, la represión -y si hay muertes es peor- suele generar una indignación moral mucho más efectiva en términos de movilización que cualquier demanda reivindicativa. (y como otras “largas marchas” esta también es más bien simbólica en términos numéricos siempre deja lugar a la duda sobre cuántos en verdad la apoyan) Por eso fue tan grave el efecto de la acción policial en el TIPNIS, incluso sin haber habido muertos: la economía moral del pueblo no tolera que un gobierno indígena reprima a los hermanos indígenas. Tan simple como eso. Evo no se va a caer, pero su segunda gestión muestra mucha menos épica e iniciativa que la primera.
Pero cosa es la crítica para que los cambios avancen y otra la histeria antigubernamental. Un sector de la oposición salió a sobreactuar una solidaridad con los hermanos indígenas difícil de creer. Mientras que un sector de izquierda cree que basta debilitar a Evo para que surja algo más revolucionario. No lo creo, el bloque “anticarretera” es demasiado heterogéneo y débil -y condicionado por apoyos oportunistas de oposiciones varias- para construir una nueva voluntad colectiva alternativa.
Mientras quizás no estaría mal bajar los decibeles: la represión debe ser condenada (sin lugar a dudas) pero no fue una masacre -como algunos de quienes protestaron llevaban escrito en sus carteles. Los líderes indígenas al parecer hablaron con la embajada de EEUU (según reportes gubernamentales) -deberán explicar para qué- pero no son agentes de la CIA. Y quizás una enseñanza del TIPNIS: el proceso de cambio depende de su capacidad para construir una nueva institucionalidad (incluyendo sin duda otra policía) con suficiente capacidad y voluntad articulatoria de todas las Bolivia que debe contener el bloque popular. Un bloque popular muy alejado de todo romanticismo.

Complejo enfrentamiento. Sabemos que "aguas revueltas ganancia de pescadores".


Sabemos también q cada quien busca jalar agua para su molino. Pero la destrucción con la construcción de 1 carretera es innegable, así como la violación de las leyes vigentes al no haber consultado previamente a la población directamente afectada.

Las ONG equivocadas respecto a Morales y la Amazonía

Escrito por webmaster Ambiente oct 2, 2011
Bolivia Rising
Declaraciones, artículos, cartas y peticiones han estado circulando en Internet durante el pasado mes pidiendo un fin a la “destrucción de la Amazonía”.
El objetivo de esas iniciativas no han sido las corporaciones transnacionales ni los poderosos gobiernos que las respaldan, sino el gobierno del primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales.
Al centro del debate está la controvertida propuesta del gobierno boliviano de construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El TIPNIS, que cubre más de 1 millón de hectáreas de bosques, obtuvo el estatuto de territorio indígena del gobierno de Evo Morales en 2009. Cerca de 12.000 personas de tres grupos indígenas diferentes viven en 64 comunidades dentro del TIPNIS.
El 15 de agosto, representantes de la Subcentral del TIPNIC que une a esas comunidades, así como a otros grupos indígenas, iniciaron una marcha a la capital, La Paz, para protestar contra el plan de la carretera.
Se han iniciado peticiones inerncionales declarando su apoyo para esta marcha y condenando al gobierno de Morales por debilitar los derechos indígenas.
La gente del TIPNIS tiene preocupaciones legítimas sobre el impacto de la carretera. Tampoco cabe duda de que el gobierno haya cometido errores en su manejo del tema.
Por desgracia, peticiones como la iniciada por el grupo de lobby internacional Avaaz y una carta del 21 de septiembre a Morales, firmada por más de 60 grupos ecologistas, en su mayoría de afuera de Bolivia, distorsionan los hechos y dan una dirección errónea a su ataque.
Podrían, sin quererlo, ayudar a los oponentes a la lucha global por la justicia climática.
Avaaz advierte que la carretera permitiría “que empresas extranjeras se repartan la Amazonía: …disparará aún más la fiebre depredadora sobre una de las selvas más importantes del mundo”. Pero no menciona que la destrucción ya tiene lugar en el área, en algunos casos con la complicidad de comunidades indígenas locales.
Por otra parte, el gobierno de Morales ha prometido introducir una nueva ley, en consulta con comunidades dentro del TIPNIS, para agregar nuevas protecciones para el parque nacional.
La ley propuesta fijaría penas de cárcel de entre 10 y 20 años por asentamientos ilegales, el cultivo de coca o tala de árboles en el parque nacional.
Avaaz también afirma que “inmensos intereses económicos” motivan el apoyo de Morales a la carretera. Pero Avaaz omite los beneficios que una carretera semejante (pase finalmente o no por el TIPNIS) producirá para Bolivia y sus pueblos.
Por ejemplo, esa carretera de 306 kilómetros que vincula los departamentos de Beni y Cochabamba (y solo una parte pasa por el TIPNIS) expandiría el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos para comunidades locales aisladas que ahora viajan días enteros para recibir atención médica.
La carretera también permitiría a productores agrícolas locales un mayor acceso a los mercados para vender sus productos. Actualmente, tienen que pasar por Santa Cruz hacia el este antes de poder transportarlos hacia el oeste.
En vista del estatus de Beni como el mayor departamento (estado) productor de carne, eso rompería el control que tienen los mataderos basados en Santa Cruz sobre la imposición de precios de la carne.
La carretera también permitiría que el Estado ejerciera su soberanía sobre áreas remotas, incluidas algunas donde tienen lugar talas ilegales.
Son hechos como estos los que han convencido a más de 350 organizaciones bolivianas, incluidas muchas de las organizaciones sociales que han dirigido las inspiradoras luchas del país contra el neoliberalismo, a apoyar la carretera propuesta.
Numerosas organizaciones y comunidades indígenas (incluso dentro del TIPNIS) apoyan la carretera. Es por lo tanto falso describir lo que ocurre como una disputa entre el gobierno y la gente indígena.
Tampoco es un simple conflicto entre partidarios del desarrollo y defensores del medioambiente.
Todas las partes en la disputa quieren mayor desarrollo y una mejora del acceso a los servicios básicos. Lo que está en juego es cómo el segundo país más pobre en América, ante una intensa presión de gobiernos más poderosos y fuerzas corporativas, puede enfrentar las necesidades de su pueblo mientras protege el medio ambiente.
Considerando este hecho, seguramente tiene más sentido que los que deseen defender el proceso de cambio de Bolivia apoyen pasos hacia el diálogo, en lugar de profundizar las divisiones.
Se puede ejercer una crítica legítima del manejo por parte del gobierno del proceso de consulta. Pero la petición de Avaaz y la carta de grupos ecologistas simplemente ignoran los repetidos intentos del gobierno de iniciar discusiones con los manifestantes.
La mitad de los miembros del gabinete ministerial de Morales, junto con muchos viceministros y jefes de instituciones estatales, han viajado a la ruta de la marcha para hablar con los manifestantes.
Los peticionarios no mencionan el compromiso público del gobierno de Morales de realizar un proceso de consulta dentro del marco de la constitución boliviana, aprobada por el pueblo en 2009. Tampoco mencionan su oferta de que el proceso de consulta sea supervisado por observadores internacionales seleccionados por los propios manifestantes.
El gobierno también se ha mostrado abierto a discutir la factibilidad económica y medioambiental de cualquier ruta alternativa que pueda soslayar el TIPNIS. Hasta ahora no se ha presentado una alternativa semejante.
Como resultado de estas iniciativas, una serie de comunidades del TIPNIS que se habían sumado a la marcha, así como representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní, han decidido volver a casa. Mantendrán las discusiones con el gobierno.
Lamentablemente, los oponentes cruciales del proceso de consulta propuesta están entre los dirigentes de la marcha, que incluye a organizaciones basadas fuera del TIPNIS.
Esas organizaciones fueron también los principales proponentes de otras 15 demandas presentadas al gobierno el día del inicio de la marcha.
Muchas de esas demandas son legítimas, pero es alarmante que algunas de las demandas más peligrosamente retrógradas hayan sido ignoradas o descartadas por grupos medioambientales internacionales.
Por ejemplo, la carta a Morales presenta preocupaciones respecto a la declaración del presidente boliviano de que “la perforación petrolera en el Parque Nacional Aguaragüe ‘no será negociada’”
Esos yacimientos representan un 90% de las exportaciones de gas de Bolivia y constituyen una fuente vital de fondos que el gobierno de Morales ha estado utilizando para encarar la pobreza y desarrollar la economía de Bolivia.
El hecho de que el grueso de los ingresos del gas esté controlado por el Estado boliviano en lugar de por corporaciones transnacionales es el resultado de años de luchas de las masas bolivianas, que creen legítimamente que este recurso debe ser utilizado para desarrollar su país.
Las preocupaciones de las comunidades locales deben ser, y han sido, tomadas en consideración. Pero el hecho de que Bolivia cerrara esta fuente de ingresos tendría consecuencias dramáticas para el pueblo de una de las naciones más pobres de América.
Sería, sin exagerar, un suicidio económico.
Inicialmente, los manifestantes también demandaban la interrupción de la extracción de gas en Aguaragüe. Han dado un paso atrás en esto y ahora se concentran en la cuestión del bloqueo de pozos petrolíferos en desuso debido a la contaminación que podría causar a suministros locales de agua.
De la misma manera, ninguna de las declaraciones en Internet menciona el apoyo de los manifestantes al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés).
REDD es un programa burdamente antiecológico de las Naciones Unidas que apunta a privatizar bosques convirtiéndolos en “bonos de carbono” que permiten que los países ricos desarrollados sigan contaminando.
Algunos de los mayores proponentes de esta medida se encuentran entre las ONG que promueven la marcha. Muchas de ellas han recibido financiamiento directo del gobierno de EE.UU., cuyo embajador en Bolivia fue expulsado en septiembre de 2008 por apoyar un intento de golpe derechista contra el gobierno elegido de Morales.
En lugar de defender la soberanía de Bolivia contra la interferencia de EE.UU., la carta denuncia al gobierno boliviano por sacar a la luz las conexiones entre los manifestantes e “intereses oscuros”.
Esos “intereses oscuros” incluyen a la Liga por la Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), que se estableció con fondos del gobierno de EE.UU. Sus patrocinadores incluyen a la agencia de ayuda del gobierno de EE.UU., USAID, y a la Fundación Konrad Adenauer que frecuentemente financia acciones contra gobiernos como Cuba a los que se oponen EE.UU. y gobiernos europeos.
Cables diplomáticos secretos de EE.UU., publicados recientemente por WikiLeaks y archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. han mostrado concluyentemente que USAID apunta directamente a comunidades indígenas en un intento de apartarlas del apoyo a Morales y para que apoyen intereses estadounidenses.
Detrás de esos intereses muy reales yace una campaña de naciones ricas y grupos ecologistas conservadores de promover políticas que representan una nueva forma de “imperialismo verde”.
Después de siglos saqueando los recursos de otros países, aniquilando poblaciones indígenas y creando una espantosa crisis ecológica, los gobiernos de las naciones ricas utilizan ahora las preocupaciones medioambientales para promover políticas que niegan a naciones subdesarrolladas el derecho a controlar y administrar sus propios recursos.
Si se salen con la suya, esos grupos reducirán a los pueblos indígenas a simples “guardabosques”, pagados por países ricos para proteger áreas limitadas, mientras las corporaciones multinacionales destruyen el medioambiente en otros sitios.
La mayoría indígena de Bolivia ha elegido un camino muy diferente. Apunta a crear un nuevo Estado en el cual no los sigan marginando o tratando como grupos minoritarios que requieren protección especial.
Aliados a otros sectores oprimidos, quieren dirigir su país en función del beneficio colectivo de la mayoría.
Las masas bolivianas han arrebatado exitosamente el poder gubernamental a las elites tradicionales, han conquistado el control sobre el gas y otros recursos, y han adoptado una nueva constitución.
Se han cometido errores, y son probables en el futuro. Pero son los errores de un pueblo de un país pequeño, sin salida al mar y subdesarrollado, que combate contra constantes ataques imperialistas.
Clave para la lucha de los pueblos bolivianos es el frente mundial por la justicia climática, en el cual Bolivia juega un papel vital de liderazgo.
Un ejemplo fue la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, con la participación de 35.000 personas, organizada por el gobierno de Morales en Cochabamba en abril de 2010.
La declaración final identificó a los países desarrollados como “causa principal del cambio climático”. Insistió en que esos países deben “reconocer y asumir su deuda climática”, redirigiendo fondos de la guerra a la ayuda a naciones más pobres a desarrollar sus economías “para producir bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población”.
Para lograr eso, el movimiento internacional por la justicia climática debe concentrar sus esfuerzos en forzar a las naciones ricas a aceptar sus responsabilidades.
El movimiento global debe rechazar explícitamente la intervención imperialista en todas sus formas, incluidas las políticas de “imperialismo verde” de las ONG financiadas por EE.UU.
Solo a través de una campaña semejante podemos apoyar los esfuerzos de países más pobres para planificar un camino de desarrollo que respete el medio ambiente.
Por desgracia, Avaaz y las organizaciones que han firmado la carta contra Morales dejan libres de responsabilidades a los verdaderos culpables.
Su campaña debe ser rechazada por todos los ecologistas y antiimperialistas que luchan por un mundo mejor.
[Federico Fuentes edita http://boliviarising.blogspot.com]
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

La maldición de la violencia


Extractivismo al desnudo

Alberto Acosta[1]

“Toda la historia del petróleo está repleta de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”.

Michael J. Watts (1999)[2]


Resulta difícil entender cómo un gobierno popular, que se precia de revolucionario y que asume la defensa de los intereses populares, puede reprimir violentamente a sectores populares que reclaman sus derechos. Eso acaba de suceder en Bolivia. El gobierno del presidente Evo Morales, haciendo caso omiso a los reiterados pedidos para que abra el diálogo con los pobladores delTerritorio y Parque Nacional IsiboreSécure(TIPNITS), optó por la represión.Desplegando una inusitada violencia policial setrató de disolver una marcha de pueblos indígenas, que defienden sus derechos y la Constitución de su país. Con su acción pacífica, estos gruposse oponen a la construcción de una carretera, financiada por capitales brasileros, que atravesaría el TIPNITS para facilitar la explotación de yacimientos petroleros.Y, de paso, ellos ponen en evidencia las contradicciones de su gobierno.

La indignación y la frustración se expanden cual círculos concéntricos por Bolivia y el mundo.Adolfo Chávez, dirigente indígena boliviano, no podía expresar de mejor manera su malestar: “Los pueblos indígenas de todo el país nos encontramos indignados y profundamente dolidos por el accionar del gobierno. Éste gobierno nos prometió un cambio: respetar los derechos indígenas, respetar a la madre tierra, respetar nuestra cultura, respetar nuestra autodeterminación”.

Seguramente serán muchas las (sin)razones oficiales para explicar dicho acto violentoque nos confronta con una realidad poco conocida. La violencia y la represión, más allá de algunas etapas de mayor intensidad en algunos momentos históricos, están latentesen una modalidad de acumulación que agrede sistemática y masivamente a la Naturaleza e incluso a la sociedad. Lo que acaba de suceder en Bolivia, con el agravante de que un gobierno que se proclama representante de los indígenas reprima a indígenas, ha sucedido o sucede aún en casi todos los países ricos en recursos naturales.

Aunque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y muchas experiencias acumuladas permiten afirmar que la pobreza en muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una significativa riqueza en recursos naturales. Sobre todo parecen estar condenados al subdesarrollo y a sufrir diversas formas de autoritarismo aquellos países que disponen de una sustancial dotación de uno o pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento fundamentalmente de petróleo y minerales.Estos paísesestarían atrapados en la lógica perversa de la maldición de la abundancia”[3]: ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?

Violencia y autoritarismo de la mano del extractivismo

La violencia parece configurar un elemento consustancial del extractivismo, un modelo bio-depredador por excelencia. Hay violencia desatada por el Estado a favor de los intereses de las empresas extractivistas, sobre todo transnacionales. Violencia camuflada como acciones de sacrificio indispensable de unos pocos para asegurar el bienestar de la colectividad, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos. Basta ver la represión enYukumo, Bolivia,por defender el TIPNIS o la desatada por el gobierno de Alan García en el norte de la Amazonía peruana, en junio del 2009 o lase produjo en Dayuma, en la región amazónica ecuatoriana, a fines del 2007.[4]

Inclusive hay una violencia simbólica infiltrada en sociedades que han asumido el extractivismo, como algo prácticamente inevitable: podría decirse que en estas sociedades existe una suerte de ADN extractivista en todos sus niveles, empezando por los niveles más altos de definición política.Eso explica porque los gobernantes progresistas, al asumir el papel de portadores de la voluntad colectiva, tratan de acelerar el salto hacia la ansiada modernidad forzando el extractivismo: una suerte de modernización pasadista…

Estas actividades extractivistas generan, adicionalmente, graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza la explotación de dichos recursos naturales. Los impactos económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Las grandes tensiones sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de dominación que se producen cuando, por ejemplo,se conforman empresas extractivistas en las participan grupos indígenaspara explotar estos recursos naturales no renovables en zonas conflictivas, como sucede ahora en el Bloque Armadillo en Ecuador, en donde -constitucionalmente- está prohibido extraer petróleo por existir evidencias de la presencia de pueblos en aislamiento voluntario.Este tipo de situaciones aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas.

La violencia incluso aflora afora también, cuando los gobiernos, incluso aquellos considerados como progresistas, como en el caso de Ecuador,criminalizan la protesta popular que emergeen contra de las actividades extractivistas, con el único fin de garantizarlas… para poder reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial.

En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos condenó al subdesarrollo.

Tampoco han faltado guerras civiles, hasta guerras abiertas entre países o agresión imperial por parte de algunas potencias empeñadas en asegurarse por la fuerza los recursos naturales, sobre todo hidrocarburíferos en los últimos tiempos. Para ilustrar este último caso bastaría con mencionar la agresión militar norteamericana a Irak y Afganistán, en ambos países buscando el control de las reservas petroleras y gasíferas. Los bombardeos de la OTAN a Libia parece que van también en esa dirección.

Esta violencia casi innata a esta maldición de la abundancia está vinculada, con mucha frecuencia, a regímenes autoritarios. La masiva explotación de los recursos naturales no renovables, depredadora en esencia,es posible atropellando a ciertos segmentos de la población en beneficio de la colectividad y para lograr el desarrollo, al decir de los gobernantes.

Los masivos ingresos obtenidos han permitido el surgimiento de Estados paternalistas y autoritarios, cuya capacidad de incidencia está atada a la capacidad política de gestionar una mayor o menor participación de la renta minera o petrolera, así como a su capacidad de imponer nuevos proyectosextractivistas supuestamente indispensables para encarar la pobreza y desarrollar la economía; proyectos que, de conformidad con la propaganda oficial, hasta servirían para proteger el ambiente...

Este tipo de ejercicio político se explica también por el afán de los gobiernos de mantenerse en el poder, acumulándolo cada vez más, y/o por su intención de acelerar una serie de reformas estructurales que, desde su particular perspectiva, asoman como indispensables para transformar las sociedades.Son Estados que al monopolio de la riqueza natural han añadido el monopolio de la violencia represiva y política.

En estas economíasextractivistas se ha configurado una estructura y una dinámica política no solo violenta y autoritaria, sino voraz. Esta voracidad, particularmente en los años de bonanza, se plasma en un aumento muchas veces más que proporcional del gasto público y sobre todo en una discrecional distribución de los recursos fiscales.

Ante la ausencia de un gran acuerdo nacional para manejar estos recursos naturales, sin instituciones democráticas sólidas (que sólo pueden ser construidas con una amplia y sostenida participación ciudadana), aparecen en escena los diversos grupos de poder, desesperados por obtener una tajada de la renta minera o petrolera. Y, como es fácil comprender, esta pugna distributiva, que puede ser más o menos conflictiva, provoca nuevas tensiones políticas.

Todo ello ha contribuido a debilitar la gobernabilidad democrática, en tanto termina por establecer o facilitar la permanencia de gobiernos autoritarios y de empresas voraces, proclives también a prácticas autoritarias. En efecto, en estos países no asoman los mejores ejemplos de democracia. Adicionalmente, el manejo muchas veces dispendioso de los ingresos obtenidos y la ausencia de políticas previsibles termina por debilitar la institucionalidad existente o impide su construcción.

Los altos ingresos del gobierno le permiten prevenir la configuración de grupos y fracciones de poder contestatarias o independientes, que estarían en condiciones de demandar derechos políticos y otros (Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza justicia, cogobierno, equidad, etc.), y de desplazarlos democráticamente del poder. El gobierno puede asignar cuantiosas sumas de dinero para reforzar sus controles internos; incluyendo la represión de los opositores.América Latina tiene una amplia experiencia acumulada en este campo.

Como consecuencia de los elevados ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales y las abiertas posibilidades de financiamiento externo, los gobiernos tienden a relajar sus estructuras y prácticas tributarias. En este punto, entonces, asoma nuevamente el efecto voracidad, manifestado por el deseo de participar en el festín de los cuantiosos ingresos por parte de la banca, sobre todo internacional, sea privada o multilateral, corresponsable de los procesos de endeudamiento externo. Últimamente China concede cada vez más créditos a varios países subdesarrollados, particularmente de África y América Latina, con el fin de asegurarse yacimientos minerales y petroleros, o amplias extensiones de tierra para la producción agrícola, además de la construcción de importantes obra de infraestructura.

En definitiva, los significativos impactos ambientales y sociales, propios de estas actividades extractivistas a gran escala, que se distribuyen inequitativamente, aumentan la ingobernabilidad, lo que a su vez exige nuevas respuestas autoritarias.

Esta es una gran paradoja: hay países que son muy ricos en recursos naturales, que incluso pueden tener importantes ingresos financieros, pero que no han logrado establecer las bases para su desarrollo y siguen siendo pobres. Y son pobres porque son ricos en recursos naturales, en tanto han apostado prioritariamente por la extracción de esa riqueza natural para el mercado mundial, marginando otras formas de creación de valor sustentadas más en el esfuerzo humano que en la generosidad de la Naturaleza.

Del extractivismo colonial al extractivismo del siglo XXI

Hace muy pocos años se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio en varios países de América Latina. Las políticas económicas de los gobiernos progresistas, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño de transformación, como vemos en la práctica y por más que se conocen hasta la saciedad las nocivas consecuencias provocadas por las lógicas primario-exportadoras, no afecta (aún) la esencia extractivista de la modalidad de acumulación imperante desde la colonia. Los países que se alinean en el progresismo y que han sostenido posiciones antiimperialistas, en la práctica, al mantener modelos que los atan a los intereses económicos de los países centrales, no logran su independencia y mantienen los niveles de dependencia política y económica.

Sin embargo establezcamos algunas diferencias. Hay avances con relación al extractivismo anterior, sobre todo por el lado de la defensa del interés nacional y de una consecuente acción estatal para tratar de reducir la pobreza. Entre los puntos destacables, sin negar la existencia de algunas graves situaciones contradictorias, aflora una mayor presencia y un papel más activo del Estado. Han aumentado las regulaciones y normas estatales. Se han fortalecido las empresas estatales extractivistas. Y desde una postura nacionalista, a través de algunos ajustes tributarios, se procura una mayor tajada de la renta petrolera o minera.

Parte significativa de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en los que el grueso de dicha renta se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales. De esta manera, estos Estados tratan de enfrentar activa y directamente la pobreza.

Siendo importante un mayor control por parte del Estado de estas actividades extractivistas e incluso significativo el esfuerzo para reducir la pobreza, esto no cambia la modalidad de acumulación primario-exportadora. La subordinación a la lógica global de acumulación del capital se mantiene inalterada. El real control de las exportaciones nacionales sigue en manos del capital transnacional, que directa o indirectamente determina la evolución de dichas actividades. Por cierto, en América Latina juega un papel preponderante el peso de Brasil y sus intereses, a través de sus diversas empresas con vocación global.

Perversamente muchas empresas estatales de estas economías extractivistas (con la anuencia de los respectivos gobiernos, por cierto) parecerían programadas para reaccionar exclusivamente ante impulsos foráneos y actúan casa dentro con lógicas parecidas o aún peores a las que emplean las empresas transnacionales. De esta manera queda demostrado que el asunto de la propiedad de los recursos naturales y de las empresas extractivas, siendo importante, no es suficiente.

Igualmente contradictorio es el hecho de que estos gobiernos, supeditados por los intereses intereses geopolíticos transnacionales, de las viejas y nuevas hegemonías como China y Brasil, continúen desarrollando proyectos de integración al mercado mundial impulsados por las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista; como son aquellos diseñados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El eje Manta-Manaos, entre Ecuador y Brasil, es una muestra de esta aseveración.

Gracias al petróleo o a la minería, es decir a los ingresos que producen las exportaciones de estos recursos, los gobernantesprogresistaslogran consolidarse en el poder y desplegar renovadas acciones estatales para enfrentar la pobreza. No esperan, como en épocas neoliberales a que la pobreza se reduzca algún día por efecto del crecimiento económico, que a su vez provocaría una mayor concentración del ingreso; situación que luego beneficiaría a la colectividad a través de nuevas inversiones que provocarían nuevos empleo e ingresos adicionales. Los gobiernos progresistas, que entendieron que no funciona esa teoría neolibreal, de manera consciente, inspirados en criterios de justicia social, están empeñados en reducir las inequidades en la sociedad.

Lo anteriormente expuesto es lo que sucede con los actuales gobiernos progresistas de la región. Del Estado mínimo del neoliberalismo, se intenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la presencia y acción del Estado para liderar el proceso de desarrollo, y no dejarlo al destino atado a las fuerzas del mercado. Lamentablemente con todo este esfuerzo estatal no se logra (o no si quiere) alterar las bases estructurales de la modalidad de acumulación extractivista.

Así las cosas, la producción y las exportaciones de materias primas mantienen inalterados sus estructuras y rasgos fundamentales. La depredación ambiental y el irrespeto social están a la orden del día.

Lo que resulta notable y por cierto lamentable, es que, si bien se ha conseguido reducir la pobreza en los países con gobiernos progresistas, las diferencias e inequidades en la distribución de la riqueza se mantienen inalteradas. Los segmentos empresariales poderosos, que han sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”de partelos gobernantesprogresistas, no han dejado de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose de este renovado extractivismo y desarrollismo (al menos eso sucede en Ecuador).

En consecuencia, la relativa mejoría en las condiciones de vida delos segmentos tradicionalmente marginados de la población ha sido posible gracias a la mejor distribución de los crecientes ingresos petroleros y mineros, no como resultado de una profunda redistribución de la riqueza. Esta situación es explicable por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos procesos políticos de redistribución de dicha riqueza.

Como en épocas pretéritas, el grueso del beneficio de esta orientación económica va a las economías ricas, importadoras de Naturaleza, que sacan un provecho mayor procesándola y comercializándola en forma de productos terminados. Mientras tanto los países exportadores de bienes primarios, que reciben una mínima participación de la renta minera o petrolera, son los que cargan con el peso de los pasivos ambientales y sociales. Pasivos que ocultan, muchas veces, procesos en extremo violentos atados a la lógica extractivista, que implica una masiva y sistemática agresión a la Madre Tierra e incluso a las comunidades.

En síntesis, la lógica subordinada de su producción, motivada por la demanda externa, caracteriza la evolución de estas economías primario-exportadoras. El neoextractivismo, a la postre,mantiene y reproduce elementos clave del extractivismo de raigambre colonial, causa primigenia del subdesarrollo.

Superar esas aberraciones coloniales y neocoloniales es el reto que tienen estos países. Construir el Buen Vivir constituye un paso cualitativo para disolver el tradicional concepto del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico, así como sus múltiples sinónimos.Pero no solo los disuelve, el Buen Vivir propone una visión diferente, mucho más rica en contenidos y, por cierto, más compleja. Para lograrlo, salir de la trampa del extractivismo es indispensable.-

Loja, 30 de septiembre del 2011



[1]Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.
[2]Watts,Michael J.; “Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and politicalecology”,WorkingPapers, Institute of International Studies, University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la violencia petrolera en Nigeria y Ecuador.
[3]Acosta, Alberto; La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, 2009. Disponible enhttp://www.extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf Sobre este tema se pueden encontrar en el mismo portal http://www.extractivismo.com/ aportes valiosos de Eduardo Gudynas, JürgenSchuldt, HumphreysBebbington y A.J. Bebbington, MariastellaSvampa, entre otras personas.
[4] Hay que recordar que la Asamblea Constituyente, al año siguiente, otorgó la amnistía para las personas víctimas de dicha represión.

sábado, 1 de octubre de 2011

Evo cede, la marcha no se detiene


EL GOBIERNO BOLIVIANO ACUSA A LA DERECHA DE COMPRAR A LOS INDIGENAS
Morales acusó a la marcha indígena de intentar entorpecer las elecciones del 16 de octubre próximo, cuando en Bolivia se debería seleccionar mediante voto popular a los integrantes del Poder Judicial. La protesta sigue su curso.
Por Sebastián Ochoa
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Aymaras seguidores del presidente Evo Morales se manifestaron ayer en La Paz.
Desde La Paz
Desde la Octava Marcha Indígena afirmaron que hoy reiniciarán su caminata hacia esta ciudad, para reclamar al presidente Evo Morales la suspensión definitiva del proyecto carretero que atravesaría al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), además de otras quince demandas. Los marchistas se reúnen en la escuela de Quiquibey, una comunidad 43 kilómetros adelante de donde fueron reprimidos por la policía el domingo pasado, en obediencia a la orden de alguien cuyo nombre se niega a confesar el gobierno nacional. Ayer se manifestaron en el centro paceño mil campesinos leales al presidente para expresarle su apoyo. Pero en las calles se encontraron mayormente con chiflidos y acusaciones de la ciudadanía.
La Fiscalía General anunció que dará curso a una investigación contra Morales por los delitos de genocidio y vulneración de derechos y garantías constitucionales, solicitada por asambleístas de la opositora Convergencia Nacional. Ayer Morales volvió a acusar a la marcha indígena de intentar perjudicar a su gobierno. Sostuvo que los originarios reprimidos por sus subalternos tienen la intención de entorpecer las elecciones del 16 de octubre próximo, cuando en Bolivia se debería seleccionar mediante voto popular a los integrantes del Poder Judicial (que desde 2009 pasó a llamarse Organo Judicial).
“Volveremos a marchar todos los que estábamos el domingo antes de la represión”, dijo ayer el presidente de la Subcentral de Comunidades del Tipnis, el mojeño Fernando Vargas Mosúa, bastante recuperado de los palazos y patadas regaladas por los uniformados seis días atrás. Los indígenas aún buscan a tres marchistas desaparecidos en el operativo policial.
“Si no partimos ayer u hoy día, es porque aún buscamos a nuestros hermanos desaparecidos. Nos faltan tres personas y no sabemos de su paradero”, dijo el diputado indígena Pedro Nuni, uno de los 285 marchistas rescatados por la población de Rurrenabaque el lunes pasado, cuando la policía se disponía a subirlos a aviones con rumbo desconocido.
En las ciudades de Santa Cruz, Sucre, Potosí, Cochabamba y La Paz, decenas de universitarios y representantes de organizaciones sociales avisaron que se sumarán a la octava marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Los funcionarios del gobierno nacional se enredan para intentar explicar los motivos de la represión del Estado Plurinacional a los indígenas que marchan pacíficamente desde el 15 de agosto pasado. Desde esa fecha y aun antes, varios ministros invirtieron saliva para descalificar la protesta indígena.
Desde el gobierno nacional aseguraron tener pruebas de que la marcha era financiada por Estados Unidos, por empresarios madereros, por ONG y hasta la vincularon con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Miami desde la Guerra del Gas, en 2003. Pero nunca fueron presentados los documentos que pudieran certificar esas aseveraciones.
“Un compañero me dijo que esta marcha está orientada a perjudicar y hacer fracasar las elecciones del 16 de octubre. Yo recién me estoy dando cuenta de que la derecha y los opositores crean conflictos. Si éste es el plan de esta marcha, que sigan marchando. Pero nosotros también seguiremos marchando para garantizar nuestras elecciones, como una forma de aplicar la Constitución”, dijo ayer el presidente Morales en Tacopaya, Cochabamba, adonde fue a celebrar el 70 aniversario de ese municipio.
“El plan había sido perjudicar la elección del Organo Judicial, porque los marchistas llegarían a La Paz en los días de la elección. Y como hay sentimiento de respaldar la marcha, van a pedir otra vez el (referéndum) revocatorio al presidente y al vicepresidente, como algunos dirigentes ya lanzaron en algunos departamentos. Ya empezaron a panfletear”, adelantó Morales.
En el gobierno nacional nadie se hace cargo de la represión a los mil indígenas en Yucumo, departamento de Beni. Pero aseguran que ya saben quién dio la orden de atacar a niños, mujeres, ancianos y hombres de los 36 pueblos originarios. “Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido, nosotros ya tenemos (el nombre de quien dio la orden de reprimir). Internamente hemos hecho un conjunto de averiguaciones. Pero aguántese, no sea desesperado”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera, a un periodista en conferencia de prensa. Entonces le preguntaron si fue alguien del Organo Ejecutivo. “No, señores, no se dio la instrucción desde el Ejecutivo. La investigación va a mostrar con claridad absoluta de dónde vino”, dijo el vicepresidente. La sospecha recae sobre la propia policía.
Los indígenas se amparan en la Constitución boliviana, según la cual el Estado debería hacer una consulta previa, libre e informada a los indígenas en caso de que algún emprendimiento afectara sus territorios. Esta consulta no se hizo en el caso del Tipnis, propiedad de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. “Mientras no tengamos una ley que suspenda en forma definitiva la construcción de la carretera que atraviesa al Tipnis, nosotros seguiremos nuestra marcha hacia La Paz”, dijo Vargas, uno de los voceros de la marcha, a la que le falta 300 kilómetros para llegar.
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martes, 27 de septiembre de 2011

EL GOBIERNO INTERVIENE LA MARCHA INDÍGENA


                   
DENUNCIAMOS ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL QUE,  CERCA A UN MILLAR DE EFECTIVOS POLICIALES, CUMPLIENDO INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO DE EVO MORALES,  APROXIMADAMENTE A HRS. 17:00 EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DISTRIBUÍA LA ALIMENTACIÓN A LOS MARCHISTAS, PROCEDIÓ A UNA SAÑUDA REPRESIÓN DE LOS INDÍGENAS, DISPARANDO GASES LACRIMÓGENOS E INCLUSO ARMAS DE FUEGO.
EL OBJETIVO DE ESTE OPERATIVO ES EL DE NEUTRALIZAR DEFINITIVAMENTE LA MARCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LA MISMA QUE TENÍA LA MISIÓN DE LLEGAR EN PRÓXIMOS DÍAS A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA EXIGIR AL GOBIERNO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE CONSULTA PREVIA, EL CUAL ESTÁ CONSAGRADO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL COMO EL CONVENIO 169 DE LA OIT, LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE  LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
EN ESTOS MOMENTOS  MILES DE HERMANOS INDÍGENAS ESTÁN SIENDO PERSEGUIDOS POR LOS AGENTES POLICIALES PARA SER DETENIDOS, EN UN ACTO DE FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y EN FRANCA DEMOSTRACIÓN DE AUTORITARISMO SIMILAR AL QUE SE PRACTICABA DURANTE LOS REGÍMENES DE FACTO.
ES IMPORTANTE ENFATIZAR QUE LA MARCHA DESDE SUS INICIOS  SE ESTABA DESARROLLANDO DE LA MANERA MÁS PACÍFICA POSIBLE, SIN ATENTAR DERECHOS DE TERCEROS NI OBSTRUIR EL LIBRE TRÁNSITO DE OTROS, SIN EMBARGO, GRUPOS  PARAGUBERNAMENTALES EN ANTERIORES DÍAS PROCEDIERON A BLOQUEAR LA CARRETERA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE IMPEDIR LA CONTINUIDAD DE LA MARCHA, AMENAZANDO A LOS INDÍGENAS, MANTENIÉNDOLOS EN UNA SITUACIÓN DE ZOZOBRA Y PERMANENTE HOSTIGAMIENTO. ESTA CADENA DE ATROPELLOS CULMINÓ LA TARDE DE ESTE DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE, CON LA INTERVENCIÓN POLICIAL.
CENTENARES DE INDÍGENAS ESTÁN SIENDO PERSEGUIDOS PARA SER APRESADOS, ESTANDO EN RIESGO SU VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD.
DENUNCIAMOS ESTOS ATROPELLOS ANTE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, SOLICITAMOS LA SOLIDARIDAD DE LAS MISMAS Y ANUNCIAMOS ACCIONES CONSTITUCIONALES PARA RESGUARDAR  LOS INSOSLAYABLES DERECHOS DE LOS DIRIGENTES QUE  EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CLANDESTINIDAD.
                                                     La Paz, 26 de septiembre de 2011
ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.


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Colectivo CASA
Washington Nº 1658 entre Bolivar y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5251406
Oruro - Bolivia

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!