Carlos Crespo
Una colega preguntó a Robert Moran, hidrogeólogo y experto en impactos de la minería en los recursos hídricos, que llegó al país el 2009 para estudiar el caso la mina San Cristóbal, invitado por las organizaciones campesinas, municipio local y el CGIAB, qué era lo diferente que había encontrado en la mina San Cristóbal en relación a otros casos de industria minera, conocidas por él ; Moran enfatizó la gran impresión que le dejó lo seco de la región, lo cual hacía más grave el impacto de la mina en el ecosistema de la región, por la cantidad de agua que se estaba extrayendo (más de 40.000 m3/día).
El estudio de Robert Moran (2009) ha confirmado sospechas expresadas previamente por las organizaciones sociales y académicos bolivianos respecto a esta explotación a cielo abierto (Quisbert, 2009; Molina, 2007; López, 2009). San Cristóbal actualmente extrae entre 42,000 a 50,000 m3/día, que continuarán por los próximos casi 20 años, y aún con tendencia a incrementarse; los acuíferos subterráneos están conectados con las fuentes superficiales y no son recargados por la escasa lluvia, por tanto durante muchas décadas luego de la explotación de la mina, no será posible otros usos, actuales y/o potenciales; más aún, de acuerdo al informe Moran, muchos manantiales y humedales locales y regionales, así como los flujos de aguas superficiales locales serán reducidos o se secarán producto del bombeo durante estos años, por parte de la empresa, reduciendo por tanto los ingresos de agua al salar de Uyuni. Asimismo, la calidad de la información ambiental producida por la empresa, tanto de la evaluación de impacto ambiental como la colectada posteriormente, ha sido cuestionada por el informe Moran; se ha evidenciado que la empresa no ha implementado un adecuado sistema de monitoreo, tanto de la declinación de los pozos explotados, como de los impactos producidos por el dique de colas, en realidad una laguna convertida para tal propósito sin ningún tipo de impermeabilizació n. Por otro lado, los químicos y sedimentos contaminados depositados en el fondo de la laguna de Wila Q'ara provocarán contaminación de largo plazo, dado que el fondo no es absolutamente impermeable.
San Cristóbal en el contexto del "proceso de cambio"
En junio del presente año, el presidente Evo Morales visitó la mina San Cristóbal, de la cual la empresa Japonesa Sumitomo es dueña del 65% de las acciones desde noviembre del 2008; allá, no solo reiteró que el Estado respeta a aquellas empresas bolivianas y extranjeras, que cumplan con las normas nacionales, dio a la firma nipona "todas las garantías correspondientes del Gobierno, del Estado, en temas de seguridad jurídica", sino que "se mostró sorprendido por el trabajo que realiza la empresa en la mina de plata" (Agencia EFE, 26 junio, 2009)[1]. De hecho, el actual gobierno ha legitimado la licencia ambiental para las operaciones de la mina, a pesar de las dudas planteadas previamente por la Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) (Quisbert, 2009) e investigadores (Molina, 2007; López, 2009).
Ese día Evo Morales estaba ratificando una tendencia histórica de la política pública boliviana en el sector recursos naturales: promover, legitimar, la inversión corporativa privada en las industrias extractivas del país, en este caso minera, con el argumento de la necesidad de contar con financiamiento fresco para modernizar el país. Semanas después, en una concentración en Santa Rosa del Sara (Santa Cruz), denunció al FOBOMADE, como una de las ONG's que usan algunos dirigentes sindicales para oponerse y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo", a propósito de la oposición de las organizaciones indígenas, con el apoyo de activistas, ONG's y académicos, a actividades de exploración hidrocarburífera en zonas de territorios indígenas y áreas protegida en la región del Madidi, esta vez desde una alianza corporativo estatal (YPFB y Venezolanos) (ABI, 10 de julio 2009).
El programa de gobierno del MAS para la próxima gestión gubernamental reproduce la historia larga del extractivismo y el cortoplacismo en la explotación de los recursos naturales; bajo el denominativo de el "Gran Salto Industrial", se busca "industrializar nuestros recursos naturales, (esto) significa crear una matriz económica que genera valor agregado, empleo y mayores recursos económicos para atender las demandas de los sectores menos favorecidos por los viejos modelos que convirtieron a nuestro país en uno de los más pobres del continente". (MAS-ISP, 2009:74).
Más allá de las reminiscencias teleológicas de la estrategia gubernamental, ésta reproduce y profundiza una tendencia ya presente en este primer mandato que concluye, y que ha generado más de un conflicto con las mismas comunidades locales, poblaciones, territorios indígenas, a los que se esperaría el actual gobierno apoye y proteja; desde la decisión de la explotación hidrocarburífera intensiva, incluyendo en áreas protegidas y territorios indígenas, pasando por la estrategia de construcción de grandes obras hidroenergéticas, como Cachuela Esperanza o El Bala, orientada a la exportación de energía eléctrica, hasta la construcción de carreteras de integración regional, dentro la estrategia del IIRSA, como la Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que parte por la mitad el parque nacional y territorio indígena Isiboro Secure.
El argumento para profundizar este nuevo golpe de tuerca a la explotación intensiva de los RRNN, es contar con recursos frescos para financiar la política de subsidios; el presidente Morales decía en la concentración del Sara, criticando la postura de la oposición a la explotación petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas: "Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy"
(http://www.abi. bo/index. php?i=noticias_ texto_paleta&j=20090710195517&l=0).
FRUTCAS y su lucha por justicia hídrica
La Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS) viene luchando hace tiempo por proteger las fuentes de agua subterráneas en la región del sudoeste potosino. El 2001 promovieron la resistencia a la exportación de aguas a Chile, impulsada por el gobierno de entonces, que culminó con la ley 2704, que prohíbe expresamente la comercializació n y exportación del recurso, "debiendo ser utilizadas exclusivamente en proyectos de desarrollo de la región". (Quisbert, 2009:16).
En relación a San Cristóbal, desde fines de los 90's, las organizaciones campesinas han estado realizando seguimiento a las actividades mineras, y desde hace seis años, la FRUTCAS ha mostrado las dudas, sospechas y evidencias acerca de los riesgos e impactos ambientales producidos por la magnitud y escala de la explotación a cielo abierto, particularmente sobre los recursos hídricos de la región (Quisbert, 2009), y ha demandado al gobierno y la empresa, mayores estudios y evaluaciones que permitan una información más precisa.
Hoy, la FRUTCAS, no solo apoya el "proceso de cambio" (uno de sus líderes históricos ha sido fundador del instrumento político -ISP-MAS), sino que ve en el gobierno y su presidente la representació n de sus intereses y demandas; más aún confía en que sus gobernantes los protegerán frente al inmenso poder de la empresa San Cristóbal. Por ello fue una sorpresa desagradable la legitimación gubernamental de la mencionada concesión minera.
Los desafíos para el nuevo periodo gubernamental
La contundente victoria electoral de Evo Morales para la presidencia de la república (más del 60% de la votación) permitirá al MAS-ISP implementar su programa de gobierno sin verse obligado a negociar con la oposición. Cuál será la orientación de la estrategia gubernamental en el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, particularmente el sector minería? Profundizará las pulsiones extractivistas, cortoplacistas de la oferta electoral, o recuperará una matriz de desarrollo a escala humana (en el sentido de Manfred Max Neef) presente en el principio del "buen vivir"?
Ese es el dilema del presente periodo, definido como "de cambio": apostar por la explotación intensiva de RRNN y sus servicios como mecanismo de generación de ingresos, esta vez bajo dominio estatal, o fortalecer la capacidad estatal de fiscalizar, regular las actividades extractivas mineras, aplicando enfoques de deuda ecológica, justicia ambiental, principios precautorios, orientado a defender las comunidades campesinas, indígenas que históricamente han internalizado los costos ambientales producidos por la minería, sea estatal, privada o cooperativa, sobre ecosistemas acuáticos dentro sus territorios, planteándose un grave caso de justicia ambiental.
Como el informe Morán ha evidenciado nuevamente, la minería no es una actividad sustentable, y luego de conocer que en la región hay en proceso u operando, otras 60 concesiones en la región del sudoeste potosino (ministro del aguas, comunicación en reunión con FRUTCAS, agosto 2009), me pregunto, es más importante, proteger las poblaciones y ecosistemas alrededor del salar en el sudoeste potosino, o la industria minera corporativa de producción en gran escala?
Cuando se tomó la decisión dar la concesión a la empresa San Cristóbal, las poblaciones y comunidades campesinas locales no fueron consultadas previamente, a pesar de los riesgos e impactos emergentes, reproduciendo una práctica de racismo ambiental[2]; hoy, se impone modificar tal política, aplicando el derecho a consulta de las NNUU, incorporado en la constitución política del estado. Desde el caso específico de San Cristóbal, se plantea la necesidad de organizar una inspección técnica oficial a la mina, con participación de las organizaciones sociales y gobiernos municipales locales, para responder a los cuestionamientos emergentes de informe Morán.
Bibliografía
Crespo, Carlos (2009) "Privatizació n del agua y racismo ambiental", en Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (2009) Justicia ambiental y sustentabilidad hídrica, Cochabamba: CGIAB. Pp. 31-47.
López, Elizabeth (2009) "La industria minera: una industria sedienta. Caso minera san Cristóbal", en Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia, Justicia ambiental y sustentabilidad hídrica, Cochabamba: CGIAB. Pp. 67-90.
MAS-ISP (2009) Bolivia país líder. Programa de Gobierno del MAS-IPSP 2010-1015, LA Paz: 156 pp.
Molina, Jorge (2007) Agua y recurso hídrico en el sudoeste de Potosí, La Paz: FOBOMADE. 73 PP.
Moran, Robert (2009) Mining Water: the San Cristobal Mine, Bolivia, mimeo, CGIAB; 24 pp.
Quisbert, Francisco (2009) Proteger y preservar las aguas subterráneas del sudoeste potosino, Cochabamba: FRUTCAS-FSUMCAS; 55 pp.
[1] Como señalaba un defensor de este tipo de inversiones: "En el encuentro del Presidente boliviano Evo Morales con el Presidente de la Minera San Cristóbal, cuando la vista de ambos a esa empresa, indican los presentes, que en todo momento existía mucha felicidad de parte del primero ante lo impresionante de lo que veía" (Iturralde, 2009:1).
[2] Sobre el racismo ambiental en Bolivia, ver Crespo, 2009.
El Ministerio de Minería celebró ayer la primera reunión para consensuar los cambios a la norma con la Asociación de Mineros Medianos, que agrupa a las principales empresas privadas del país.
