Pueblos originarios elaboran lineamientos para una Ley de Consulta

Adital -

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) elaboró los lineamientos base para una propuesta de ley de derecho de Consulta. Fue en el marco de un taller realizado en La Paz, Bolivia, junto con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) los días 19 y 20 de octubre.

El taller analizó el ejercicio del derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado, al término del cual emitió una Resolución en la cual CONAMAQ rechaza los procesos de elaboración en la Asamblea Legislativa Plurinacional de las leyes minera, de hidrocarburos, forestal, de infraestructura y toda aquella que no tome en consideración los derechos de los pueblos indígenas.

La Resolución, suscrita por todos los participantes, subraya que todo proceso de consulta tiene por finalidad el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y por tanto debe respetar las estructuras orgánicas, instituciones, normas y procedimientos de estos pueblos

Fuente: CAOI

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=10&dt=2010-10-29&cod=52030

Explotación petrolera amenaza a patrimonio histórico, cultural y natural de Bolivia

El 20 de septiembre de 2010, la empresa petrolera Repsol anunció, que en breve se iniciarán estudios de prospección sísmica 3D en el bloque Caipependi del Chaco chuquisaqueño, afectando directamente a la TCO Tentayape del pueblo Guaraní, Patrimonio Histórico Cultural y Natural de Bolivia. Las capitanías de la zona resolvieron que no permitirán que se realice ninguna actividad petrolera en su territorio.

Una comunidad donde se han conservado las costumbres locales, el idioma, la vestimenta tradicional, donde se vive de lo que da la tierra, en armonía con el medio ambiente. A donde, por autodeterminación de la misma comunidad, no llega ninguna carretera asfaltada, donde tampoco hay ni iglesia, ni escuela. Este lugar existe de verdad, la comunidad Tentayape en el Chaco chuquisaqueño, semilla de la nación guaraní, la “última casa” (nombre de la comunidad en español) de los Guaraní Simba. Por la “preservación cultural intacta en relación a su origen y el trabajo de reafirmación de su cultura, su historia y la conservación de su idioma de forma autóctona”, esta comunidad guaraní ha sido declarada por Ley de la República (Nº 2921 del 26 de noviembre de 2004) como Patrimonio Histórico Cultural y Natural de Bolivia.

Sin embargo, a pesar de ser Patrimonio de Bolivia y tener la titulación de TCO, la empresa petrolera Repsol anunció el 20 de septiembre 2010 que en breve se iniciarán estudios de prospección sísmica 3D en el bloque Caipependi de la zona Igüembé, afectando directamente a la TCO de la comunidad de Tentayape. Por resolución de las capitanías de la zona, para impedir la destrucción de sus bases de vida y de su integridad cultural, no se permitirán actividades petroleras en la TCO Tentayape, y tampoco en toda la capitanía Igüembé.

No es la primera vez que Repsol trata de invadir las tierras de la comunidad, ya en el año 2004 se realizó una primera prospección sísmica, sin consulta previa. Sin embargo, gracias a protestas de la comunidad a nivel nacional e internacional, y gracias a la mencionada Ley que declara a Tentayape Patrimonio Nacional, la comunidad logró impedir la realización de la planificada instalación de pozos en su territorio. “Nosotros nos hemos movilizado contra la empresa, porque la actividad sísmica que ellos estaban realizando nos está afectando lo que es la tierra y el agua, especialmente el agua. La empresa también nos ha causado problemas dentro de la comunidad, porque algunos se han ido a trabajar con la empresa, casi nos han dividido”, explica Yariguira Cañani Iguanday, asesor del capitán de Tentayape.

La lucha por el territorio, la dignidad y la autodeterminación cultural de los Guaraní Simba parecía ganada, sin embargo la fiebre del petróleo se enfrenta nuevamente a la comunidad, amenazando de destruir a un patrimonio único de nuestro país.

Destaque:

El legajo socio-ambiental de Repsol incluye además las exploraciones sísmicas al interior del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé), habiendo generado numerosas contravenciones y pasivos que no fueron remediados ni atendidos. Así mismo, Repsol tiene numerosas denuncias de las comunidades indígenas, tanto en las operaciones del mega-campo Margarita, como en el campo Huacaya. Las auditorias a las empresas petroleras, realizadas el año 2006, demostraron el elevado grado de incumplimiento de las normas e instrumentos ambientales, por ejemplo en sus operaciones en los campos Cambeiti e Itatique.

Lo más reciente sobre este nefasto consorcio español-argentino, es su futuro ingreso al Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, es una de las áreas protegidas más importantes a nivel mundial, por su riqueza y diversidad biológica.

El Madidi fue declarado, por la revista National Geographic, como uno de los lugares con mayor interés turístico del planeta; sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos está tratando de flexibilizar la norma ambiental, para viabilizar la exploración y explotación petrolera en los bloques Río Hondo y Tuichi, concesiones convertidas a zonas con contrato de operación a cargo de las trasnacionales Petrobras y Repsol a través del proceso de nacionalización y sus leyes específicas. Estas exploraciones no solo afectarán el Parque Madidi, sino también una parte de la Reserva y TCO indígena Pilón Lajas.

Estiman grandes reservas auríferas cerca a Challapata

Miércoles, 6 de octube de 2010 
Challapata, tierra tradicionalmente conocida como agro-ganadera, puede tener un futuro basado en la minería. La región de Challapata cuenta con reservas estimadas de 2.3 millones de onzas de oro, según datos preliminares de la empresa canadiense Castellian, interesada en la explotación del metal precioso que actualmente pasa un momento histórico con su cotización de 1.325 dólares la onza troy. 

Se define como una zona de mineralización continua para con una estimación de recursos históricos de 51,6 millones de toneladas de clasificación que contiene 2,3 millones de onzas de oro”, menciona en su página web la canadiense, pero advierte que no debe confiarse en el dato porque es la continuación del emprendimiento antes conocido como el Proyecto Pederson, realizado por otra empresa.

Se estima que con el actual precio del oro en el mercado internacional de 1.350 dólares la onza troy, el departamento de Oruro puede recaudar 100 millones de dólares año, a diferencia de los 14 millones de dólares que se recauda por regalías mineras actualmente.

La presentación del proyecto de explotación Achachucani, se realizó ayer en la Unidad de Comunicación de la Gobernación de Oruro, ante la presencia de los miembros de la comisión de minería de la Asamblea Departamental, la Secretaría de Minería y la Secretaría de la Madre Tierra y Medio Ambiente.

La canadiense, mediante su expositor, Oswaldo Arce, sostuvo que se tiene el proyecto de exploración con 70 % de avance, pero está paralizado porque actualmente la minera ingreso en la fase del trabajo social con las comunidades, para socializar el proyecto.

En caso de aceptarse el ingreso de la empresa minera, la conclusión de la exploración y el emplazamiento de la planta, previo cumplimiento de cronograma de atención social, será en los siguientes 5 años y desde 2016 se estaría ingresando a la explotación del yacimiento cuya vida está aún por determinarse.

PROYECTO

El proyecto Achachucani está ubicado cerca a la ciudad intermedia de Challapata, la cual presenta zonas auríferas diseminadas, aunque ya se trabajó con la explotación de antimonio y arsénico, en las formaciones bautizadas como Huanuni y Llallagua. La propiedad consta de aproximadamente 78 kilómetros cuadrados dentro de las 13 concesiones contiguas, destaca la pagina web.

El expositor sostuvo que por una tonelada de carga existen 3 gramos de oro, comprobando la riqueza del yacimiento, que puede consolidar a Challapata como la capital aurífera del país.

La empresa tiene previsto invertir más de 400 millones dólares en la operación, sujetarse a las leyes bolivianas y la política del gobierno central, según la explicación del miembro de la canadiense, que también mencionó el apoyo a programas de desarrollo agrícola y ganadero de la zona.

No obstante, la inversión definitiva dependerá también de la conclusión del proceso de exploración que resta un 30 %, para su finalización, pero se encuentra paralizada debido al trabajo de socialización con las comunidades.

Arce, en representación de Castellian, explicó que la empresa está predispuesta a sujetarse a la legislación del medio ambiente del país, para que las operaciones mineras no sean dañinas con el ecosistema ganadero y agrícola de Challapata, pero el objetivo también dependerá de la coordinación con autoridades regionales y departamentales.
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4/6144

Una ley para cuidar la Madre Tierra

MORALES PRETENDE PRESENTARLA EN LA PROXIMA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMATICO

La propuesta de los movimientos campesinos e indígenas incluye la prohibición de actividades económicas que afecten al medio ambiente, como las realizadas en Bolivia por decenas de empresas mineras, forestales e hidrocarburíferas.

Por Sebastián Ochoa

Las mujeres campesinas indígenas de Bolivia participaron de la elaboración del proyecto.

Desde La Paz

Las organizaciones indígenas y campesinas reunidas en el Pacto de Unidad presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley de la Madre Tierra. Este documento reconoce al planeta como un ser vivo y, por lo tanto, con derechos. La propuesta incluye la prohibición de actividades económicas que afecten al medio ambiente, como las realizadas en Bolivia por decenas de empresas mineras, hidrocarburíferas, forestales y otras que deterioran las “bondades de la naturaleza”, como optan por llamar a los recursos naturales. Los asambleístas se comprometieron a debatir el texto en las próximas dos semanas. El gobierno de Evo Morales pretende presentar esta ley en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en México en diciembre.
El proyecto fue elaborado por las cinco confederaciones nacionales indígenas y campesinas que apoyaron a Morales para que llegara al Palacio Quemado en 2006. Fue construido en decenas de encuentros que las organizaciones efectuaron en todos el país.
“Agradezco al Pacto de Unidad por la capacidad y la honra para trabajar propuestas de ley. Ahora nuestra obligación es aprobarla y legislarla. Quizás haya alguna coma para cambiar o algo que podamos complementar. De lo contrario, se aprobará de aquí a 15 días”, dijo el senador del MAS Isaac Avalos en la Plaza Murillo, cuando recibió el texto de manos de los dirigentes del Pacto.
Hace meses, Avalos era secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), a la que está afiliado el presidente aymara. Se comprometió a impulsar la aprobación de la propuesta porque “nunca nos vamos a olvidar de los movimientos sociales”, aseguró a los cientos de indígenas y campesinos en la plaza. Habían marchado desde la Ceja de El Alto, bajo una lluvia helada, para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón y para entregar el proyecto a los legisladores.
El Pacto de Unidad había presentado en 2006 un anteproyecto de Constitución a la Asamblea Constituyente. Luego de varias modificaciones, ese documento sirvió de base a la actual Carta Magna. Aunque en apariencia tienen mucha cercanía con el gobierno de Morales, las organizaciones reclaman más participación en la gestión del Estado Plurinacional.
“Seguimos lejos del Estado. Como hace cinco años, todavía lo vemos extraño. Con este proyecto esperamos dar línea del horizonte adonde estamos yendo. No podemos ver al Estado y al gobierno lejos de las organizaciones. Tenemos que hacernos dueños de este proceso y avanzar. El proceso de cambio recién se va a instaurar cuando generemos leyes desde abajo”, dijo la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob BS), Julia Ramos, quien fuera ministra de Desarrollo Rural durante la anterior gestión de Morales.
La iniciativa recoge las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, realizada en abril pasado en Cochabamba con la participación de 30 mil personas de todo el mundo.
Para las organizaciones, uno de los puntos más conflictivos del proyecto refiere al derecho a la consulta vinculante que tienen las comunidades indígenas y campesinas cuando el Estado quiere explotar recursos naturales de sus territorios. Así figura en la Constitución, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos con rango de ley en Bolivia. Pero en varias normativas ya aprobadas por la Asamblea Legislativa, así como en el proyecto gubernamental de ley de la Madre Tierra, el derecho a la consulta se reconoce pero no se lo considera vinculante. Esto quiere decir que las comunidades no podrían vetar las iniciativas económicas que afecten a sus poblaciones. Según el Pacto de Unidad, el derecho a la consulta no tendría sentido si sus opiniones no fueran tomadas en cuenta por el gobierno.
Luego de que las organizaciones entregaran su propuesta, realizaron una ofrenda a la Pachamama para que fuera aprobada “sin que muevan una coma”, según el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe. La ceremonia se complicó por la lluvia, y también por el accionar de policías que no querían permitir la realización del acto frente al edificio legislativo. Pero la presencia de medios de comunicación hizo que los uniformados dejaran de poner de manifiesto las contradicciones del Estado Plurinacional.
La ley de la Madre Tierra propone ser “paraguas” de otras leyes sobre agua, bosques, tierras, minería e hidrocarburos, entre otras. El Estado deberá contar con un Ministerio de la Madre Tierra encargado de ejecutar la normativa. El proyecto también determina obligaciones de las personas con el planeta. El Pacto exige que la población tenga mecanismos de control social para asegurar la protección de la naturaleza.
La mayoría de los ingresos en Bolivia provienen de la explotación de hidrocarburos y minerales. En este sentido, el texto establece que “la exploración, explotación, industrialización, comercialización y toda la cadena productiva debe usar tecnología adecuada que no contamine a la Madre Tierra”.
También prohíbe este tipo de actividades “dentro de áreas protegidas, lugares sagrados de los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianos y lugares de fragilidad ecológica”. El gobierno boliviano espera que la ley de la Madre Tierra esté promulgada para la COP 16, a realizarse en diciembre en Cancún.
El Pacto de Unidad está integrado por la Cnmciob BS, la Csutcb, el Conamaq, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib).

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