martes, 7 de febrero de 2012

Evo llevará a consulta el conflicto en el Tipnis

El gobierno boliviano consiguió el respaldo de una organización indígena para llamar a una consulta, de acuerdo con la Constitución del país y las leyes internacionales, para avanzar en el proyecto de construir una carretera que atraviese el parque ecológico Tipnis, en el que viven 63 comunidades de pueblos originarios. En octubre, la Central Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano se movilizó hasta La Paz para forzar al gobierno a aprobar una ley que frenara el avance del proyecto.

Los indígenas agrupados en el sindicato Conisur (Consejo Indígena del Sur), cercanos al Gobierno, llegaron la semana pasada con una marcha a La Paz para pedir que se construya la carretera de 300 kilómetros en el Tipnis. El grupo respaldado por Morales rechazó la ley que la Cidob había conseguido tras las movilizaciones de octubre para vetar la construcción de la carretera, que tiene un costo de 415 millones de dólares y fue adjudicada hace tres años a la firma privada brasileña OAS.
La empresa brasileña comenzó a construir los primeros tramos, pero todavía no llegó al Tipnis, una región que tiene 1 millón de hectáreas de superficie. Los delegados de Conisur se reunió en los últimos días con los presidentes oficialistas de las cámaras de Senadores y Diputados para alcanzar una solución y propuso que se realice una consulta previa, en el marco de las leyes bolivianas.
El planteamiento fue aceptado, y ahora el oficialismo aprobará, probablemente durante los próximos 7 días, una ley de consulta en el parque ecológico, donde habitan unas 100 mil personas de varios pueblos nativos. Indígenas y delegados gubernamentales "concluyeron el proyecto de ley de 11 artículos que establecen el derecho a la consulta", confirmó la presidencia del Congreso boliviano.
"Este es un acuerdo entre el Estado y los indígenas y el encargado de hacer la consulta es el Estado boliviano, los sujetos de la consulta son las 63 comunidades de los pueblos que habitan el Tipnis", agregó en una rueda de prensa la presidenta de la Cámara de Senadores, la oficialista Gabriela Montaño.
La consulta previa es un mecanismo que reconoce la Constitución boliviana, coincidente con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para que los lugareños decidan, cuando en sus tierras se ejecutan obras o se explotan los recursos naturales. En el caso boliviano, el resultado es vinculante.
"Estamos realmente preocupados y molestos por ese acuerdo entre el Conisur y el MAS (partido gobernante) porque se está queriendo desconocer una ley. Hay una ley para que no se construya la carretera y el gobierno persiste en hacerla", declaró el dirigente de la Cidob, Lázaro Tacó, en diálogo con AFP. "Vamos a analizar qué medidas vamos a adoptar para que se respete la ley y por supuesto que no se descarta otra marcha" de protesta a La Paz en las próximas semanas, explicó.

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

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