Los vaivenes de la información y la falta de precisión, por parte de las autoridades y de los inversores, dejan en la incertidumbre a la minería y, si no la paralizan, la frenan; lo aconsejable es que los discursos estén acompañados con acciones para que los contratos no sean sólo papeles.
La empresa Jindal Steel Bolivia hizo conocer su extrañeza por el hecho de que el Estado boliviano no hubiera entregado los documentos que le darían el derecho legal a las tierras para explotar el yacimiento de hierro del Mutún, pese a que el presidente de la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence, aseguró que esa documentación ya está en manos de los representantes de los socios de origen indio.
Los dirigentes de los pueblos originarios de Amayapampa decidieron, el jueves 23 de julio, desconocer los derechos de la empresa que explota el yacimiento de oro de la zona, y dinamitaron el acueducto que va hacia el campamento.
Estos dos casos ocurridos la semana pasada muestran que las inversiones extranjeras no tienen garantías suficientes para sus operaciones en Bolivia, ya sea porque los pueblos originarios no aceptan las decisiones del Estado o porque la burocracia es muy ineficiente. Cualquiera que sea el motivo, se deben superar esas dificultades, porque no sólo se afecta la actividad de un sector que es importante para la economía, sino que se daña la fe del Estado y se pone en duda la seriedad de las autoridades.
Esto último se hace más evidente en el caso del Mutún porque la contradicción no sólo es entre el presidente de la empresa y los socios extranjeros, sino que la afirmación de Dalence fue puesta en entredicho por el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, el principal responsable de la dotación de tierras en el país. La autoridad dijo que Jindal Steel & Power aún no recibe cerca del 10 por ciento de las seis mil hectáreas que el Gobierno le iba a entregar para explotar el yacimiento.
El gerente general de la empresa Jindal Steel & Power, Jaime Santa Cruz, lamentó que no se pueda iniciar operaciones porque ese compromiso establecido en el contrato aún no fue honrado en los hechos, lo que impide, a juicio de los inversores, desarrollar sus actividades. Dalence dijo que desde el pasado año la empresa Jindal está trabajando en la exploración y detalló que “se ha terminado la perforación de 50 pozos, se ha iniciado la remodelación de un ex hospital en el Mutún, donde se ha construido un laboratorio de análisis, han acondicionado oficinas, han llegado en marzo de este año dos equipos de trituración y ha pasado la etapa de ajuste y recalibración de esas máquinas, se ha realizado un curso de capacitación para que operen esas máquinas. Hay 100.000 toneladas almacenadas y eso es trabajo”.
El presidente de la ESM descarta que haya un problema con la operación y apunta a lo que está ocurriendo en el mercado internacional con el precio del hierro, porque eso, aseguró, pone limitaciones a las actividades que debían realizar. Sin embargo, un análisis del Centro Boliviano de Economía, dependiente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), indica que el mercado mundial del acero mostró una tímida recuperación en el segundo trimestre del 2009.
Sin duda, esos vaivenes de la información y la falta de precisión, por parte de las autoridades —que representan al país—y de los inversores, dejan en la incertidumbre a la minería y, si no la paralizan, la frenan; lo aconsejable es que los discursos estén acompañados con acciones para que los contratos no sean sólo papeles y permitan el desarrollo, en este caso, de Puerto Suárez.
http://www.la-razon.com/versiones/20090729_006803/nota_245_852606.htm
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