El conflicto que se ha producido sobre el Cerro Rico de Potosí, entre los cívicos que piden proteger la forma de la montaña y los mineros que quieren seguir explotándola, es otro motivo para que en el país se elabore una política minera seria. Si los cívicos potosinos quieren que se conserve la forma cónica de la montaña, hay otros ciudadanos que tienen exigencias menos vinculadas con la estética que con las urgencias de la gente, como aquellos que protestan contra la contaminación que producen las explotaciones mineras. Entre este último grupo están los habitantes de la población de Huanuni, que hacen todo lo posible porque alguna autoridad repare en el detalle de que el río que pasa por el centro es en realidad una cloaca abierta con desechos mineros. Talvez respondiendo a estas últimas voces, el Gobierno creó hace pocos días la figura de la “licencia social”, que sumaría la voluntad y el juicio de la gente a los estudios técnicos que llevan a la existente “licencia ambiental”. Pero son iniciativas que surgen de manera desordenada y que sólo logran empeorar el clima para las inversiones. En efecto, si se va a aplicar la “licencia social”, lo correcto sería elaborar el proyecto, diseñar los reglamentos y hacer el anuncio. La propuesta ha sido exactamente al revés: se hizo el anuncio y luego las autoridades dijeron que no existe ni la ley ni el reglamento, pero que lo estaban preparando. Esto se dio en el caso de la mima Himalaya. Antes de que la empresa recupere el control del yacimiento, se hizo el anuncio de esta nueva condición que rige en el país. No se ha dicho si la “licencia social” se aplicará solamente a las explotaciones mineras o se extenderá a todos los casos de explotación de recursos naturales en el país, por ejemplo el petróleo. En este momento, los inversionistas mineros que desean operar en Bolivia tienen muchos motivos de duda. La última es la “licencia social”, pero antes de ella hay dudas acerca de la política tributaria, dudas sobre la posibilidad de que la mina sea invadida, etc. El año pasado, a pesar de la crisis internacional, llegaron a Perú, Chile y Argentina importantes inversiones para el sector minero, superiores incluso a los 30.000 millones de dólares en cada uno de ellos, mientras que en Bolivia las empresas se limitaron a cumplir sólo las inversiones ya programadas. La sola idea de que se quiera evitar las exportaciones de materias primas, o directamente cuestionar y eliminar el impulso exportador en general, no es racional en un país que necesita mayores ingresos para los desafíos que se le presentan. Por el momento, se mantiene la idea de que en Bolivia se puede operar, pero las dificultades surgen cuando el inversionista se ha instalado y quiere comenzar a trabajar. Esa es una actitud por lo menos deshonesta, aunque surja de una actitud de imprevisión, de improvisación, de aplicar parches, de inventar soluciones y crear, de esa manera, un clima imposible para las inversiones. Sin embargo, se debe dejar a beneficio de la duda hasta que, durante el primer mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se apruebe la ley necesaria para el desarrollo de las disposiciones constitucionales relativas a Minería y Metalurgia, conforme a la cláusula Quinta de las Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución Política del Estado. http://www.la-razon.com/versiones/20091102_006899/nota_245_903395.htm
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario