El presidente a.i. de YPFB, Carlos Villegas, confirmó en los últimos días que el Gobierno se propone cambiar la normativa de la “licencia ambiental”, necesaria para cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en el país. Según Villegas, aquella norma se ha convertido, en el caso de la industria petrolera, en un obstáculo para el avance de proyectos del sector.
Por otro lado, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) insiste en que impedirá que sean atropellados los derechos de los pueblos originarios en la defensa de los recursos naturales existentes en sus territorios ancestrales.
Ambas declaraciones aluden al artículo 30, incisos 15, 16 y 17 de la nueva Constitución, referidos al derecho de las naciones originarias a ser consultadas sobre cualquier proyecto de explotación de recursos naturales que existieren en sus territorios.
Villegas tuvo que enfrentar, como presidente de YPFB, la oposición de los pueblos originarios del norte de La Paz al ingreso de los equipos petroleros del consorcio Petroandina, que la estatal boliviana conforma junto con la venezolana PDVSA.
El propio Vicepresidente aludió al tema en los últimos días, cuando dijo que en esos casos deberá imponerse el interés del Estado nacional, sin olvidar los intereses de las naciones originarias.
Del lado de la CIDOB y la causa de los derechos de las naciones originarias están también el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), el Foro Boliviano de Defensa del Medio Ambiente y el Desarrollo (Fobomade) y la Liga del Medio Ambiente (Lidema), entre otros.
Todo esto muestra que, en efecto, hay discrepancia acerca del derecho a veto que las naciones originarias creen tener como resultado del artículo 30 de la Constitución. El Gobierno nacional, a juzgar por lo que dijo Villegas, considera que algunas naciones originarias ponen obstáculos al avance de proyectos vitales para el sector petrolero, mientras que organizaciones del medio ambiente reclaman la plena vigencia del artículo de la Carta Magna. Esta controversia debe ser aclarada. La normativa para la concesión de la “licencia ambiental”, en lo que se traduce todo el articulado referido al presunto derecho a veto de las naciones originarias respecto de proyectos de explotación de recursos naturales, debe ser definida con precisión por los órganos del Estado boliviano. Es probable que sean necesarios ajustes al texto de la CPE, o quizá sea suficiente sólo modificar la normativa existente para las “licencias ambientales”, o “declaratoria de impacto ambiental”.
Las autoridades del sector minero también han opinado sobre este tema. Dicen que el Gobierno trabaja en la idea de evitar que se vuelvan a presentar casos de avasallamientos de posesiones mineras, como el año pasado.
Es importante aclarar este asunto, sobre todo si se desea evitar conflictos y levantar obstáculos que podrían frenar las inversiones que el país necesita para desarrollar sus potencialidades económicas, generar riqueza y crear empleos.
http://www.laprensa.com.bo/
No hay comentarios:
Publicar un comentario